Tres ayuntamientos granadinos no reciben dinero del Estado por no entregar sus cuentas

En concreto, estos tres municipios son Alamedilla, Ítrabo y Ventas de Huelma. La congelación de estas entregas de dinero se produce en el marco de la reforma de la financiación de las entidades locales de 2011, en cuyo Artículo 36 se señala que esta actuación se deriva del «incumplimiento por las entidades locales de la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del Estado». Es decir, por no presentar sus cuentas actualizadas en tiempo y forma. De hecho, la ley contempla un plazo superior a un año para cumplir con estas obligaciones, tras lo cual se procede a retener «el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda».

En concreto, y de acuerdo con los datos de la propia administración pública, entre estos tres municipios la cantidad que se ha dejado de percibir a lo largo de los primeros ochos meses del año alcanza los 307.728 euros. La parte más importante iba a ir a parar a las arcas municipales de Ítrabo, el de mayor tamaño de los tres; en concreto, la cantidad no entregada desde comienzos de año es de 141.012 euros, cerca de la mitad del total (45,8%). Sensiblemente menor es el montante retenido al Ayuntamiento de Ventas de Huelma (100.010 euros), y en tercer lugar se sitúa el de Alamedilla (67.706).

En cualquier caso, los datos mensuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública indican que, aunque estos tres son los que no han recibido ninguna cantidad en todo 2022, hay más consistorios afectados por esta normativa.

De hecho, al cierre del mes de agosto eran seis los municipios en esta situación; a los ya mencionados se suman Benalúa, Cástaras y Torvizcón. Estos forman parte de los que seis que pasaron a englobar esta lista en junio, precisamente el mes que la Ley de Economía Sostenible señala como fin del plazo para presentar la liquidación, ante cuya ausencia comienzan a retenerse las entregas a cuenta.

Al cierre del sexto mes del año, señala el informe de la Oficina virtual de entidades locales, a los seis ayuntamientos que siguen en este contexto a comienzos de septiembre hay que sumarle los de Alicún de Ortega, Lentegí y Otívar. Sin embargo, en estos tres casos la situación se logró resolver con rapidez, y la presentación de la liquidación presupuestaria permitió que todos ellos volviesen a la normalidad a partir del mes siguiente.

Para revertir la situación, el Ayuntamiento afectado debe comunicar la información requerida a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, organismo encargado de desbloquear los pagos.