El tribunal económico de Granada resuelve reclamaciones por 5,6 millones en 2023

Los datos han sido dados a conocer este martes en la comisión informativa de Economía y Hacienda, que ha tenido lugar en el salón de plenos. Ante los representantes de los grupos con representación municipal, la nueva directora del tribunal, María de los Ángeles Baeza, ha informado de los casos analizados por los vocales a lo largo del último ejercicio.

Recogidos en una memoria técnica que se aprobará en la próxima sesión plenaria, que se celebrará el viernes de la semana que viene, los datos revelan una disminución de la litigiosidad con respecto a los últimos años. Así, en 2023 se registraron 328 reclamaciones ante el TEAM, lo que supone un 32,5% menos que en el ejercicio anterior y sitúa a la ciudad en niveles de hace casi un lustro.

Según la materia, la mayor parte de los procedimientos se iniciaron por materias relacionadas con las providencias de apremio de multas de tráfico. Hasta 120 expedientes se vincularon a este tema. Impuestos como las plusvalías o el IBI también generaron conflictividad, con 72 y 49 reclamaciones respectivamente. El resto de asuntos presentaron una frecuencia mucho menor, aunque su naturaleza impositiva era similar. Así sucedió con procesos relacionados con tasas urbanísticas, de recogida de basuras, impuestos sobre construcción o sobre los que gravan la circulación de vehículos a motor.

Estos datos contrastan con los registrados en 2022, cuando las pluvaslías llegaron a superar con creces el resto de expedientes. Esto está motivado, según ha declarado la presidenta del TEAM, por la aclaración de este impuesto después de que el Ayuntamiento se viera obligado a modificar la tasa tras una sentencia del Supremo que afectó a las corporaciones municipales y su manera de gravar.

En cuanto a los procesos que se cerraron, fueron la mayoría. Un 64,02% frente al 35,98% que aún están pendientes de resolver. De esos, la mayoría, un 47%, fueron recursos desestimados por el tribunal. Solo 28 expedientes se resolvieron a favor de los reclamantes, un dado que está en la línea de lo logrado en 2022.

Los dictámenes del tribunal, sin embargo, no frenaron a algunos de los reclamantes, que elevaron el caso al juzgado de lo contencioso-administrativo. 13 casos han seguido esta vía, siendo la mayoría, unos 11, los relacionados con plusvalías. Los otros dos restantes están vinculados al IBI y al canon de concesión administrativa.