El Tribunal Supremo desestima el recurso de Granada por la elección de La Coruña como sede de la agencia de IA

Con esta sentencia, fechada a 28 de noviembre, queda cerrado el itinerario judicial de Granada contra la decisión del Consejo de Ministros. Solo cabría un recurso ante el Tribunal Constitucional si la ciudad entiende que se ha vulnerado algún derecho fundamental, circunstancia que no parece que se pueda aplicar en este caso. No hay, en definitiva, vuelta atrás: la sede de la AESIA, que ya funciona en términos administrativos, estará ubicada en La Coruña.

El dictamen pone fin a una reclamación anunciada el 6 de diciembre de 2022, solo un día después de que el Consejo de Ministros comunicara la decisión de otorgar a La Coruña el organismo al que aspiraban otras 15 ciudades. Entre ellas, Granada, que llevaba un año trabajando en la candidatura a un centro nacional de inteligencia artificial. La resolución sobre la agencia, publicada en BOE el día 6 de diciembre, hacía referencia a una tabla de baremaciones para cada criterio evaluado. Este análisis permitió a la Comisión Consultiva seleccionar a las tres aspirantes «de excelencia» que propuso al Gobierno.

Pero en esa resolución no aparecían las notas finales otorgadas a cada una, solo una motivación final con valoraciones cualitativas que justificaba la elección de la ciudad gallega. Este es el argumento central de la demanda de Granada: que el Gobierno no justificó objetivamente, con cifras, su decisión.

Tampoco constan las notas en los informes remitidos al Supremo durante los últimos meses. La «discrecionalidad técnica» es el eje del pronunciamiento del Alto Tribunal. El texto hace referencia al real decreto que regula los concursos públicos para la 'descentralización' de sedes de organismos del Estado. Incluye dos apartados clave. Uno de ellos señala que la comisión elaborará un dictamen sobre las posibles sedes, que puede incluso incluir alguna «que no hubiera sido postulada». El segundo hace referencia al procedimiento. Señala que el dictamen debe llegar al Consejo de Ministros, que será el encargado de adoptar su decisión de forma «motivada».

No hay ninguna alusión a puntuaciones numéricas. A juicio el tribunal, «la metodología para asignar puntuaciones que determinen la excelencia de las candidaturas para diferenciarlas de las candidaturas con viabilidad técnica o candidaturas técnica constituye un criterio interno de la comisión». Es decir, que la comisión no estaba obligada a otorgar notas objetivas, como sí sucede por ejemplo en los procesos de licitación pública.

En cualquier caso, señala el Supremo, la decisión final ni siquiera corresponde a esta comisión consultiva, sino al Consejo de Ministros. Seguidamente, el Tribunal deja en evidencia que «se desconoce la puntuación alcanzada» por La Coruña, Alicante y Granada, salvo que las tres postulantes son las únicas consideradas «de excelencia» -más de 69,6 puntos-.

El Supremo apuntala: «No debe olvidarse que no se está ante un concurso en que se adjudica la sede a la ciudad candidata que alcanza mayor puntuación, por lo que, aún pudiendo ser interesante conocer la puntuación exacta de cada postulante, resulta irrelevante (...) Estamos ante un acto discrecional motivado del Consejo de Ministros que puede seguir o no la recomendación efectuada». Y el Consejo de Ministros ni siquiera debe «atender a la candidatura con mayor puntuación» sino a una de las candidaturas de excelencia.

Considera, además, que no se ha lesionado «el principio de objetividad» que debe regir la actividad de la administración pública. «El acuerdo del Consejo de Ministros no debe atender a la candidatura con mayor puntuación, sino a una de las candidaturas 'de excelencia', eso sí, explicitando las razones de la decisión mediante la correspondiente motivación aquí existente».