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El Abogado del Estado, que ejerce una de las acusaciones en el caso Emucesa, en el que se han investigado supuestos contratos 'fantasma' en el cementerio de la capital siendo consejeros delegados los exediles del Ayuntamiento de Granada María Francés y Eduardo Moral, pide en ... sus conclusiones provisionales penas de hasta seis años de cárcel e indemnizaciones que superan en conjunto los 300.000 euros.
IDEAL ha tenido acceso a su escrito de acusación, que está fechado el 23 de julio y ya ha sido remitido al órgano instructor, el Juzgado de Instrucción 9, que ya cuenta con la calificación de la fiscalía y con la de la propia Emucesa, la empresa que gestiona las instalaciones del camposanto granadino. En su escrito, esta parte acusa a un total de siete personas y deja fuera al gerente de Emucesa, para quien la fiscalía solicitó el archivo. En concreto, ha formulado cargos contra los dos ex consejeros delegados investigados y C. L. L., A. M. N. T., M. C.G. C., L. L. O. y M. A. M. L., cinco trabajadores que fueron contratados para prestar servicios de alta dirección entre 2005 y 2012 y que presuntamente no los realizaron.
El Abogado del Estado, que está personado en esta causa en representación del Servicio Público de Empleo Estatal, observa en la conducta de los exconsejeros delegados varios delitos. En concreto pide que se abra juicio oral contra Francés y Moral por «un delito continuado de fraude en la contratación en concurso de normas con un delito continuado de malversación de caudales públicos», ambos «en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y con un delito de prevaricación». Según las fuentes jurídicas consultadas, un concurso medial es cuando «un hecho delictivo constituye un medio necesario para que se cometa otro».
En la conducta de los trabajadores 'fantasma', aprecia cuatro delitos de fraude al sistema de prestaciones de la Seguridad Social o, alternativamente, cuatro delitos continuados de falsedad en documento oficial en concurso medial con cuatro delitos de estafa. Además cree que los cinco fueron autores de un delito continuado de falsedad y cooperadores necesarios de la supuesta prevaricación, el presunto fraude en la contratación y la posible malversación de caudales públicos.
En el caso de una de las empleadas que supuestamente no prestó sus servicios, L. L. O., considera que debe aplicarse la atenuante de «reparación del daño», puesto que cuando salió a la luz pública el caso «procedió a devolver las cantidades percibidas de la mercantil Emucesa». Lo hizo mediante un ingreso bancario efectuado el 30 de enero de 2018. Asimismo, ingresó en la cuenta del juzgado 390,75 euros para reparar el perjuicio ocasionado al SEPE.
Para el Abogado del Estado, los contratos bajo sospecha fueron «simulados» y los investigados no prestaron servicios de alta dirección para la empresa del cementerio. Por ello, «las prestaciones percibidas son indebidas en la medida que los períodos necesarios para su obtención fueron determinados, en todo o en parte, por las cotizaciones realizadas por Emucesa durante la vigencia de los contratos (...)», indica esta acusación.
Y es que una vez finalizaron los contratos suscritos con Emucesa, cuatro de los cinco trabajadores acusados –se excluye a M. C. G. C.– procedieron a solicitar y obtener prestaciones y subsidios por desempleo. El dinero percibido «indebidamente» por los cuatro trabajadores en sus prestaciones tras el supuesto paso por Emucesa ascendió a un total de cerca de 14.500 euros.
En cuanto a las penas que reclama, solicita seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años para Eduardo Moral. Para María Francés, la pena que solicita es de cinco años de cárcel y multa de 6.600 euros, así como nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Para los trabajadores encausados pide penas de entre cuatro años y tres meses de cárcel y seis años, y solicita que todos salvo M. C. G. C. pierdan la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de beneficios de la Seguridad Social durante hasta cuatro años.
En lo que a indemnizaciones se refiere, pide que Eduardo Moral y tres de los empleados devuelvan a Emucesa más de 277.000 euros. A María Francés solicita que se le condene a devolver más de 32.000 euros conjuntamente con otra empleada, mientras que a la trabajadora L. L. O. le pide 1.770 euros para el SEPE, si esteno aceptara la consignación que hizo.
El escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Granada también está ya en el juzgado, al igual que el de Emucesa. El del ministerio público se dio a conocer a la prensa a finales de junio y pide para los exconcejales también penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco para María Francés por los contratos supuestamente 'fantasma' realizados en los períodos 2003-2011 y 2011-2016 respectivamente.
Por su parte, Emucesa (Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada) reclama tres años de prisión para los dos exediles y diez de inhabilitación absoluta por un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. A los cinco beneficiados por los contratos les pide penas de hasta tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, según informó en su día Europa Press.
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