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Tras el relativo parón veraniego –una de las últimas providencias está fechada el 14 de agosto–, el caso Nazarí, finalmente dividido en piezas separadas, iba a reactivarse este jueves con las declaraciones de nuevos investigados. Sin embargo, la jueza instructora, María Ángeles ... Jiménez, acordó ayer, 48 horas antes, suspender los tres interrogatorios previstos: el de la exedil popular Telesfora Ruiz y los de dos funcionarios municipales, uno de los cuales ya estaba investigado en la causa.
En una providencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, la magistrada deja así de momento sin efecto las comparecencias, que habían sido fijadas entre las 10.00 y las 11.00 horas en los juzgados de la Caleta, en la capital granadina. La instructora dice expresamente que quedan pendientes «de nuevo señalamiento».
Es en el Juzgado de Instrucción número 2 donde desde hace más de tres años se investiga si hubo una trama de corrupción en el Consistorio para beneficiar a tres constructores de la ciudad (Enrique Legerén, Roberto García Arrabal y José Julián Romero) en distintas operaciones urbanísticas llevadas a cabo durante los años de gobierno local del PP.
Una de esas actuaciones urbanísticas bajo sospecha es el expediente 'Registrador'. En él, la jueza instructora y la fiscal Sara Muñoz -Cobo tratan de determinar el alcance penal de las supuestas irregularidades observadas en un local de la calle Tórtola de la capital donde se realizaron obras para que albergase las oficinas de un registrador de la propiedad.
En el marco de esta pieza es donde se había producido la citación de la exconcejala, a la que según una de las defensas se le estaría tratando de vincular con la supuesta trama –tildada de organización criminal por la UDEF– sin que tenga relación directa con los hechos objeto de este expediente. Así lo puso de manifiesto recientemente el letrado Ernesto Osuna, que defiende a la excúpula de Urbanismo, en un escrito mediante el que pedía dejar sin efecto la práctica de estas nuevas diligencias y de otras propuestas por el ministerio fiscal y la acusación popular.
No obstante, la decisión de la jueza no se ha producido por esa solicitud, según las fuentes consultadas, sino por la petición de aplazamiento formulada por este mismo letrado por problemas de agenda, ya que tenía otro acto judicial fijado antes en otra provincia.
En la providencia en la que la jueza María Ángeles Jiménez citaba a los nuevos investigados, también pedía al Ayuntamiento numerosos documentos que, según la citada defensa, ya estarían incorporados en la causa. Entre otros, solicitaba la remisión de los expedientes de las licencias de primera ocupación, obra menor y utilización.
La principal supuesta irregularidad observada en la obra de calle Tórtola sería una escalera. Así constaba al menos en un informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta de Andalucía. Los técnicos de la Junta concluyeron que la escalera que se construyó en el patio de esas oficinas era sancionable porque no era un elemento movible, sino que se había anclado a la pared.
También ha habido novedades en el marco de otra pieza separada del caso Nazarí, la del expediente 'Obispo', que se centra en la construcción de un edificio de la calle Obispo Hurtado de Granada donde el exregidor y la exedil de Urbanismo tienen pisos. En las últimas semanas, la jueza ha recibido algunas peticiones de las defensas y de la acusación que ejerce el empresario Ramón Arenas, que está personado como acusación popular y representado por el letrado Jorge Fernández.
Este diario ha tenido acceso al último escrito que ha presentado este empresario, en el que pide –tanto en su nombre como en el de la mercantil Aremat Formación S. L.–, que se incorporen a esta pieza las grabaciones audiovisuales de las declaraciones ya prestadas por los investigados Torres Hurtado, Isabel Nieto y el exjefe de Licencias Emilio Martín Herrera. Asimismo, solicita que se unan las de varios testigos, entre los que incluye al exdirector de Urbanismo Jacobo de la Rosa, un testimonio clave en esta causa y en el caso Serrallo por los informes que emitió antes de dejar el cargo.
Esta acusación considera que en la actuación urbanística de Obispo Hurtado se pudieron cometer delitos de tráfico de influencias y/o malversación de caudales públicos, de prevariación común y/o urbanística y pertenencia a organización criminal. A dicha supuesta trama vincula ahora a Telesfora Ruiz y reclama que se le cite también en el marco de esta pieza para ser interrogada asimismo como investigada.
Aparte de instar la comparecencia de Telesfora Ruiz, que era edil de Medio Ambiente, Licencias, Salud y Consumo en 2015, el empresario considera que pudo haber encubridores de los supuestos ilícitos y sitúa entre ellos a los miembros de la Junta de Gobierno Local celebrada en mayo de ese año. A ellos también quiere que se les cite.
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