La vida 'judicializada' de Juana Rivas

A la espera de lo que dictamine el Supremo sobre su condena por sustracción de menores, Juana Rivas volvió a denunciar, el pasado mes de julio, a Arcuri por «maltrato, lesiones y amenazas de muerte» hacia los hijos de ambos, de trece y cinco años, y pedía una medida de alejamiento y que se suspendiera «la patria potestad» y «el régimen de visitas» del progenitor.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó las pretensiones de Juana Rivas un auto –resolución motivada– fechado el 2 de agosto. Ylo hizo con el respaldo de la fiscalía, que, un día antes, emitió un informe «considerando improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas, sin perjuicio del derecho de la denunciante a instarlas ante el tribunal competente italiano», refiere el citado documento. Y es que ahí estaba la clave: los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido en Italia, luego la justicia española tenía que apartarse. Yno por capricho, sino porque lo ordena la ley. El propio despacho que defiende los intereses de Juana Rivas así lo ha reconocido.

Sin embargo, la vecina de la localidad de Maracena también ha recurrido esa decisión ante la Audiencia de Granada. Aunque es consciente de que los tribunales españoles no son competentes para investigar su denuncia, Juan Rivas pretende que se escuche a sus hijos y que se tengan en cuenta unos informes oficiales que hablan de sospechas de que los niños pudieran estar sufriendo maltrato. Según Juana Rivas, Instrucción 3 habría dado carpetazo a su denuncia sin haber tenido en cuenta esos exámenes psicológicos de los menores, ya que, supuestamente, llegaron con retraso al juzgado. Aunque eso fuera así, precisaron fuentes jurídicas, el obstáculo seguiría existiendo: la justicia española no podría actuar y Juana Rivas debería llevar su denuncia a los tribunales italianos.

En cuanto al contenido de los informes, elaborados por expertos en salud mental de la Junta de Andalucía, fuentes que han tenido acceso a ellos indicaron que también hacen mención a la propia Juana Rivas y la «alta complejidad» de su «problemática familiar, muy judicializada», dicen los estudios textualmente, según medios consultados.

Respecto a los niños, los psicólogos que conversaron con ellos habrían dejado constancia de que aseguraban haber sido maltratados por su padre.

Por su parte, la juez de Instrucción 3 llama la atención sobre la tardanza de Juana Rivas en presentar la denuncia cuando los hechos suspuestamente delictivos habían sucedido en Italia el 29 de mayo y el 6 de junio de este año, ambos en Italia. «No se entiende como se ha tardado exactamente 46 días en denunciar, sino que se hubiera presentado la denuncia el mismo siguiente día inmediatamente después de observar tales indicios, esperando encontrarse en España para presentar la denuncia», dice la magistrada que, no obstante, recuerda que su auto no impide que se remita a la «autoridad judicial legalmente competente en Italia la denuncia interpuesta de conformidad con el Estatuto de la Víctima del Delito».

Para el juzgado, lo que «pretende» Juana Rivas con su denuncia es que un juzgado español «no competente» adopte «una orden de protección que contraviene lo dispuesto en la sentencia dictada por el tribunal italiano en el punto relativo al régimen de guardia, custodia y visita de los menores», y todo ello sin escuchar al padre de los niños, refiere la juez.