La violencia sexual en edades tempranas es una realidad que reflejan las noticias y un fenómeno que preocupa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA). Su presidente, Lorenzo del Río, lo confesó este miércoles durante la presentación de la Memoria del ... funcionamiento de la Justicia en nuestra comunidad autónoma el año pasado ante el «aumento considerable» de este tipo de conductas protagonizadas por menores de 14 años.
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No se refirió Del Río a ningún caso concreto, ni la memoria recoge dato alguno al respecto por escaparse esos comportamientos al ámbito judicial, pues la ley establece que los menores de 14 años son inimputables. Por poner un ejemplo actual (sí judicializado por rebasar sus implicados la franja de edad indicada), la Policía Nacional detuvo en febrero en Sevilla a tres menores por la presunta violación a otra menor en 2021 a la que supuestamente también robaron el móvil.
«Entre la pluralidad de causas que indican los expertos está, sin duda, la fragilidad de los controles de las webs de alto contenido pornográfico, esto es el acceso a contenido sexual en las redes a edades muy tempranas sin controles efectivos o reales», indica exactamente la Memoria.
Junto a ello, y sin abandonar el capítulo de la juventud, el máximo representante de los jueces en Andalucía hizo alusión de igual modo a los episodios de violencia de género y doméstica tramitados en los juzgados de Menores, para indicar que se ha producido un ligero descenso del 2% de los chavales enjuiciados por maltrato. En total, durante 2022 ingresaron en los Juzgados de Menores 712 asuntos en materia de violencia de género y doméstica, resolviéndose 709.
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Para el TSJA, «debemos mantener la alerta sobre la persistencia y aumento de actitudes de este tipo de violencia entre nuestro jóvenes, cuyas relaciones afectivas comienzan cada vez de forma más precoz, muy influenciadas por el poder de la tecnología y las redes sociales, así como los estereotipos e ideas sexistas que circulan en ellas».
En cualquier caso, las estadísticas revelan que los delitos (en general) que han dado lugar a causas en los órganos de la jusrisdicción de Menores aumentaron en 2022 un 11%; es decir, se incrementó la delincuencia juvenil. Un total de 4.599 adolescentes pasaron por el banquillo.
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Durante su intervención, Del Río hizo un repaso general por las mareantes cifras de la Justicia andaluza del año pasado, tanto de mayores como de menores. «Seguimos en esos años permanentes de aumento o de no disminución del nivel de entrada de asuntos», que han subido un año más, y en concreto un 7 y un 4 por ciento en las jurisdicciones civil y penal, respectivamente. De hecho, la bolsa de asuntos pendientes está cada vez más llena, aunque gracias al esfuerzo de los jueces y magistrados se hayan resuelto casi la totalidad de los asuntos ingresados anualmente.
Para afrontar esa elevada tasa de litigiosidad en Andalucía (que vuelve a estar a la cabeza de España después de Canarias) hacen falta más magistrados y órganos judiciales (en Andalucía hay 1.029 jueces). Por eso, frente a los (como mucho) 14 nuevos juzgados que el Gobierno central planea poner en marcha en la región, el presidente enfatizó las reales necesidades, que son de «19 plazas en órganos colegiados y 67 órganos unipersonales».
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Entre los problemas de medios personales, que «siguen muy parecidos», ha destacado los relacionados con interinidad y con que no se cubren las vacantes con la necesaria rapidez, así como la «infradotación de funcionarios» que hay en muchos partidos judiciales y la necesidad de una mejor redistribución de los efectivos.
Hay además problemas tecnológicos «importantes» en la implementación del programa @drinano, sobre todo en la jurisdicción Social y de lo Contencioso. «Se le ha transmitido a la Consejería y es un problema muy delicado», ha reseñado Del Río.
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En la ronda de preguntas de los periodistas, como era de esperar, durante el acto en el TSJA salieron a la palestra dos asuntos de actualidad: el balance de la ley del 'solo sí es sí' ahora que se ha aprobado retocarla ante la cascada de rebajas de penas a violadores. El otro: las acciones judiciales emprendidas ante la elección de la Coruña para la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y las medidas cautelares solicitadas. Sobre el primero, detalló que ya van 199 sentencias que han supuesto una rebaja de la condena y 23 excarcelaciones, a la vez que admitió que existe una preocupación al respecto, «porque denota que hay un mal trabajo parlamentario» y se están haciendo leyes «con una falta de rigor técnico y jurídico», y porque supone «mucho más trabajo» en los órganos judiciales, tanto por las revisiones de las ejecuciones como por los posteriores recursos que están efectuando las audiencias como por el incremento de los asuntos de violencia sexual que llegan a los juzgados, «que están aumentando de una forma vertiginosa». Sobre la Aesia, recordó que lo tiene que resolver el Supremo, y «por lo tanto, -subrayó- no puedo definir si se debe o no hacer esa medida cautelar o esperar al fondo y que se decida si ha sido o no razonable y motivada la decisión que se tomó».
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