![Un momento del encuentro mantenido este jueves entre el presidente del alto tribunal y el vicepresidente de la Junta.](https://s3.ppllstatics.com/ideal/www/multimedia/202104/22/media/granada/tsja-del-rio.jpg)
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Las medidas que acuerde la Junta de Andalucía a partir del 9 de mayo habrán de pasar por el tamiz judicial. Ya lo había anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en la mañana de este jueves lo ha vuelto a ... aclarar el vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, durante su visita al Palacio de la Real Chancillería de Granada para entregar el escudo de Andalucía.
Marín ha estado acompañado precisamente de Lorenzo del Río, presidente del alto tribunal que habrá de dar el visto bueno a las restricciones que se establezcan en la esfera autonómica ya sin el paraguas del estado de alarma, y quien ha explicado que efectivamente el poder judicial habrá de valorar «si esas medidas tienen amparo, son proporcionales y están equilibradas».
Lorenzo del Río ha explicado a los periodistas que una vez que cese el estado de alarma decretado por el Gobierno de España, cualquier actuación de la autoridad sanitaria necesita «una ratificación del poder judicial» si afecta a derechos fundamentales, como sería en este caso.
«Cuando decaiga el estado de alarma, hay que esperar a esas propuestas que puedan hacer las autoridades sanitarias y, a partir de ahí, la Sala de lo Contencioso del TSJA, que es la que tiene la competencia, habrá de valorar«, ha manifestado el presidente.
De este modo, los magistrados de esa sala deberán examinar «si en base a la legislación sanitaria las medidas tiene mucha intensidad o no, si afectan a muchos ciudadanos y si hay una afectación o no intensa de derechos fundamentales», ha agregado Del Río.
Marín ha recalcado igualmente que a la hora de que la Junta ponga en práctica medidas que afecten a derechos fundamentales de los ciudadanos contemplados en la Constitución, como es la libre circulación, estará sometida al criterio judicial.
En este punto, el vicepresidente ha indicado que el pasado martes mantuvo una reunión con todos los consejeros para poner encima de la mesa todas las cuestiones que puedan afectar a los andaluces a partir del 9 de mayo a fin de elevarlas al TSJA, «para que se puedan valorar jurídicamente« antes de ponerlas en funcionamiento y no haya que dar marcha atrás.
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