El TSJA pide a los políticos que no pongan en duda permanente la labor de los jueces

Estas declaraciones se producen en el marco de un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la Navidad. Llegan después de que el pasado viernes la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, emitiera un comunicado en el que rechazó que se atribuyan «sesgos políticos» a los jueces, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que el PP juega con las cartas marcadas porque cuenta con la ayuda de algunos jueces.

No es bueno poner en su opinión «siempre en tela de juicio» si los jueces «no actúan sino por intereses ajenos a lo que es la estricta aplicación del derecho», ha indicado el presidente del TSJA que ha lamentado que «son mensajes que calan en los ciudadanos».

Se ha congratulado de que 2024 haya dejado atrás la «crisis institucional del CGPJ», que ahora tiene una larga tarea para ponerse al día, entre «nombramientos pendientes» y para romper con esa «imagen de polarización». Igualmente el presidente del TSJA ha señalado que 2025 puede venir condicionado por la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que puede suponer un antes y un después en el funcionamiento del día a día de los juzgados.

«Tiene importantísimas reformas procesales, tecnológicas y de nueva organización judicial» en tanto «supondría cambiar el concepto» y la organización de los partidos judiciales. «Al mismo tiempo, va aparejada también de unas medidas procesales potentes, tanto tecnológicas como de reducción y simplificación de procedimientos, de acumulación de procesos» y entre otras cuestiones, de «medios complementarios de administración de justicia», ha explicado.

«Se introduce lo que llamamos la mediación intrajudicial, las fórmulas de consenso previos a cualquier tipo de demanda», con lo que Del Río ha hecho una «lectura positiva» si bien habría apostado por que el legislador hubiera sido «más valiente» en el camino de una unificación entre partidos judiciales «sin pérdida de identidad».

Actualmente, de forma paralela se desarrolla la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que prentende atribuir a los juzgados de violencia contra la mujer la instrucción por los delitos contra libertad sexual, delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual «cuando la persona ofendida por el delito sea mujer». Una vez que se apruebe su aplicación, la carga pondrá al límite a los órganos si no reciben más recursos.

La provincia registró en el último año 332 delitos contra la libertad sexual. A juicio del presidente del TSJA, la medida «no ha sido bien pensada ni estudiada». «Tendrán que meditarla los legisladores porque supone que los juzgados de violencia asuman todo, los delitos sexuales contra la mujer, y obligaría a reformarlo absolutamente todo porque ahora mismo con la estructura que tienen no pueden asumir más competencias», ha sentenciado.