La Udef asegura que en la operación urbanística de la 'disco' hubo falta de control contable

Yenalia Huertas

Granada

Martes, 10 de marzo 2020, 15:25 | Actualizado 17:43h.

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El juicio por la construcción de la discoteca que levantó el promotor Roberto García Arrabal junto al centro comercial Serrallo Plaza de la capital, donde estaba previsto un parque de atracciones infantil, se ha reanudado esta mañana con una comparecencia de especial relevancia: la del inspector de Policía Nacional que concretó las supuestas irregularidades económicas de la controvertida operación y que ha confirmado que «no hubo control contable» en aquella actuación.

Este agente, pertenenciente al Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada (UDEF Granada), ha ratificado las supuestas anomalías que detectó en las cuentas que examinó en su análisis, en el que cifró en más de dos millones de euros (2.176.012 euros) el dinero que, presuntamente y en contra de lo sostenido por las defensas, quedó pendiente de justificar.

El inspector ha acudido acompañado del entonces jefe del grupo, que fue quien le asignó tal tarea, si bien finalmente ha sido interrogado él solo por ser el autor material del informe. Su misión consistió, según ha detallado a preguntas de la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, en el estudio de las cuentas del sistema de compensación y del cumplimiento de los convenios urbanísticos que permitieron la construcción de la sala de fiestas en aquel sistema general de espacios libres.

El informe se elaboró, como ha especificado, a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, órgano instructor de este caso y de la otra gran causa de presunta corrupción urbanística de Granada ('la Nazarí') siendo alcalde José Torres Hurtado (PP). Este, a quien no se le ha visto hoy en la sala, está acusado junto a otras 16 personas y se enfrenta a una pena de ocho años de prisión.

Para la confección de su análisis policial, que ha centrado gran parte de la sesión de hoy, el inspector ha señalado que hizo «acopio» de la documentación relacionada con la operación facilitada por el Ayuntamiento de Granada. Se trataba de examinar «los aspectos económicos relacionados con la liquidación definitiva de la Junta de Compensación, si hubo o no y si era correcta».

Entre los papeles, la Policía halló dos decretos de la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto (de 12 de septiembre de 2012 y de 16 de enero de 2013) «requiriendo esa liquidación». Ambos habían sido informados por funcionarios de la Subdirección de Gestión del Ayuntamiento.

No obstante, luego localizó un tercer decreto, de 23 de abril de 2013, en el que se levantaban las cargas o afección real que pesaba sobre la finca lucrativa en cuestión, titularidad de inversiones Área Sur. Este decreto, en su opinión, «fue como una contradicción» con los anteriores. Además había sido informado, a diferencia de los decretos anteriores, por el exdirector de Obras, Manuel Lorente, y otro de los altos cargos procesados.

El policía ha explicado que pidió a la Intervención y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Granada «las cartas de pago o documentos« que acreditaran esos abonos y «no» le fueron remitidos. Ha sido en este punto cuando la representante del ministerio público ha preguntado al investigador si constató una «absoluta falta de control contable» en aquella operación. Su respuesta ha sido afirmativa. «En este caso no había control contable», ha dicho exactamente el investigador, para quien también hubo falta de fiscalización por parte de los organismos competentes del Ayuntamiento de Granada.

Del informe de cumplimiento del convenio emitido por el Consistorio, «daba la impresión de que quería hacer las veces de liquidación definitiva», cuando esa liquidación «compete a la Junta de Compensación». «Era como una justificación de que se habían cumplido todas las obligaciones del convenio» y de que incluso se había pagado de más. Las defensas calculan, de hecho, que la operación habría supuesto al promotor un desembolso extra de dos millones de euros.

El inspector ha subrayado que «lo fundamental para acreditar el cumplimiento del convenio era una liquidación definitiva», pues solo así se podía saber si los pagos se habían realizado y estaba todo correcto.

Al mismo tiempo, el inspector ha dejado claro que es policía -en su caso, además es licenciado en Económicas- y no experto urbanista. De ahí que planteara en su día la necesidad de que se contrastaran sus conclusiones con las de una pericial contable.

Tras las breves cuestiones planteadas por el resto de acusaciones, entre las que están VOX y General de Galerías Comerciales, han interrogado las defensas y ha sido especialmente incisivo el abogado de la excúpula de Urbanismo, Ernesto Osuna. Este letrado ha puesto en tela de juicio los cálculos policiales, al entender que en su análisis no se tuvieron en cuenta certificaciones de obra que probarían pagos efectuados por parte del promotor.

Sobre este extremo, el inspector, para quien el levantamiento de las cargas fue irregular, ha puesto de relieve que, a la hora de aportar la documentación requerida, por parte del Ayuntamiento de Granada se enviaron «fotocopias» y «sin firmar ni fiscalizar por el interventor ni por el tesorero», las cuales, en su opinión, no acreditaban los pagos.

Cabe recordar que, para la fiscalía, consta al menos acreditado un perjuicio al Ayuntamiento de 306.932 euros como consecuencia de esta operación, que efectuó la empresa de Gracía Arrabal Inversiones Área Sur, luego disuelta. Así al menos lo reflejó en la denuncia origen de esta causa.

Antes de la intervención de este inspector policial ha testificado el jefe del Servicio de Ejecución Urbanística, un arquitecto técnico que lleva 33 años de funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Granada y que ha admitido que la liquidación de esta operación no se hizo por el procedimiento debido. Aparte ha negado haber recibido instrucciones para ocultar expedientes al exdirector general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, testigo de cargo clave en la causa.