Los últimos coletazos del caso Nazarí marcarán el nuevo año judicial en Granada

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El primero, el caso Nazarí, que ha sido investigado por la magistrada María Ángeles Jiménez, dará los últimos coletazos antes de llegar a juicio, si es que finalmente llegan a una sala de vistas las dos últimas piezas que quedan 'vivas': la del expediente Mulhacén y la del expediente San Jerónimo.

Iniciado hace seis años, el caso Nazarí continúa en el Juzgado de Instrucción número 2 por su complejidad. Hasta ocho operaciones urbanísticas de la etapa de alcalde del popular José Torres Hurtado han sido analizadas, pero seis de ellas han acabado en archivo (Parking, Registrador, Cerrillo de Maracena, Campus y Progreso) o absolución (Obispo).

Por ahora, esta última pieza ha sido la única que ha acabado en un enjuiciamiento y el magistrado Manuel Piñar, el juez que enjuició las supuestas ilegalidades del bloque donde tienen pisos el exregidor y la que fuera su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, descartó delito alguno. Este fallo, que impuso las costas además al empresario Ramón Arenas, fue recurrido por este, mientras que la fiscalía ha pedido que se confirme la absolución.

En esta causa penal, la UDEF llegó a situar al ex primer edil popular en la cúspide de una supuesta organización criminal que operaba en el área de Urbanismo para beneficiar tres constructores de Granada, una tesis que se ha ido diluyendo hasta ahora a golpe de sobreseimiento.

Fuentes de las defensas de los investigados consultadas por IDEAL precisaron que en estos meses habrá que estar atentos a si prospera o no el recurso interpuesto contra el auto que pasó la pieza de San Jerónimo a la fase de preparación de juicio oral.

Tanto la fiscalía (la fiscal del caso es Sara Muñoz-Cobo) como la acusación que ejerce el empresario Ramón Arenas quieren seguir adelante y que el asunto acabe en un juicio, pero «el resto de acusaciones o han desistido o han pedido el archivo». La postura que adoptará el Ayuntamiento de Granada aún se desconocía en los últimos días de agosto, según las fuentes, «aunque ya ha certificado que no ha tenido perjuicio alguno», indicaron.

En esta pieza hay inmersas siete personas, entre las que se halla el constructor del residencial Ciudad de la Luz, un conjunto residencial compuesto por 300 viviendas, garajes y trasteros que está en la calle Pedro Machuca. En ella se está analizando la concesión de la licencia de primera ocupación y las obras de desvío de un barranco.

En cuanto a la pieza del pabellón Mulhacén del Zaidín, que construyó el promotor Roberto García Arrabal, está pendiente «de una pericial jurídica», después de que la pericial económica haya dado la razón a las defensas y haya descartado perjuicio alguno para el municipio con la operación de aquella concesión administrativa. Sobre el futuro de esta pieza, en la que ejerce una activa acusación particular Ramón Arenas, las defensas han anunciado a IDEAL que si no se archiva y se pasa a la antesala del juicio, recurrirán la decisión «igual que San Jerónimo».

Cabe recordar que el Tribunal Supremo (TS) refrendó en julio el carpetazo a la pieza Registrador, cuyo archivo definitivo ordenó la Audiencia de Granada al no apreciar ilegalidad alguna con alcance penal.

También en estos meses se aguardan novedades del caso Marchelo, en el que se investigaron varias operaciones urbanísticas en el municipio de Alhendín siendo alcalde José Guerrero (PP). La dilatada instrucción de esta causa penal, que va camino de pasar a la historia como la que más ha tardado en llegar a juicio en Granada, concluyó hace ya tiempo. El auto de apertura de juicio oral trascendió a la opinión pública en octubre del año pasado y las actuaciones siguen empantanadas en los juzgados de Santa Fe.

Según fuentes de este proceso, en el que está inmerso el marido de la televisiva Ana Rosa Quintana y que se tramita en el Mixto número 2, se habría registrado alguna incidencia en la notificación del auto de apertura de juicio oral a alguna de las partes.

Son un total de 16 los investigados en este asunto y, una vez que todos sus abogados hayan presentado sus escritos de defensa, estará todo prácticamente listo para su enjuiciamiento. De celebrarse la vista en este nuevo curso judicial, habrán pasado 16 años desde que se comenzó a investigar, puesto que las diligencias previas son las 1.146/2006.

Los delitos de sangre, que por su gravedad siempre atraen el foco mediático, también acapararán titulares en los próximos meses. La investigación de la agresión mortal del joven Juan Castro en Íllora durante las últimas fiestas patronales del municipio seguirá su curso y tendrán lugar, previsiblemente, interrogatorios de testigos que presenciaron los malditos golpes que segaron la vida de este muchacho.

Tras el último paso judicial –el señalamiento del acto para la ratificación de la prisión provisional impuesta al presunto homicida–, seguirá su curso la instrucción, en la que todo apunta que será clave el informe de autopsia para sentar en el banquillo al investigado como autor de un delito de homicidio.

También se sabrá el rumbo que tomará la denuncia presentada en la fiscalía por posible delito de odio en Íllora y si los daños causados en las viviendas del entorno familiar del presunto homicida, un vecino del pueblo de 23 años, tendrán repercusión penal.

Y en materia de enjuiciamientos y crímenes, en septiembre la Audiencia de Granada acogerá el juicio contra el hombre acusado de asesinar, el 5 de febrero de 2021, a una mujer de 29 años en el Polígono Juncaril de Albolote. La vista se desarrollará los días 19 y 20 de septiembre.

El procesado está acusado de asestar numerosas puñaladas y golpes por todo el cuerpo a la víctima. La fiscalía, que cree que hizo uso de «toda la crueldad» que le fue posible para «aumentar» su agonía, pedirá su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 22 años y medio. El tipo es esquizofrénico, pero la acusación particular que ejerce la familia de la joven no cree que su enfermedad mental deba eximirle de su responsabilidad en una vil y brutal acción criminal como la que se le atribuye.

Si la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite o no la querella que Juana Rivas formuló contra el juez de loPenal 1 de Granada, Manuel Piñar, por presunto maltrato institucional y supuesta prevaricación judicial, se conocerá previsiblemente este mes de septiembre. En caso de ser admitida, el nombre de la madre de Maracena que fue indultada tras ser condenada por la sustracción de sus hijos menores, seguirá pronunciándose en los medios.