Participantes en el seminario. :: PABLO JIMÉNEZ
Cultura-Granada

El Parque de las Ciencias acoge un seminario del Laboratorio de Riesgos Psicosociales de la Consejería de Empleo

Medidas psicosociales mitigan la reestructuración de empresas en crisis

INÉS GALLASTEGUI igallastegui@ideal.es

Viernes, 21 de enero 2011, 02:32

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La reestructuración de una empresa en crisis no tiene por qué resultar traumática para sus trabajadores ni económicamente ruinosa para sus propietarios: una «gestión socialmente inteligente» puede convertir los cambios necesarios para reflotar la compañía en una oportunidad para los empleados y para la propia firma. Esta es la filosofía del seminario internacional que ayer celebró en el Parque de las Ciencias de Granada el Laboratorio y Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía (Larpsico), dependiente de la Consejería de Empleo.

La delegada provincial, Marina Martín, explicó que una mala gestión de las situaciones de crisis en las empresas tiene como «efectos secundarios» el incremento del absentismo laboral, la desmotivación del personal y, en consecuencia, una pérdida de productividad, que al final redundará negativamente en los resultados económicos y retrasará la recuperación.

En el seminario participaron los autores del informe 'Riesgos psicosociales y efectos de las reestructuraciones en la salud', encargado por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado noviembre. Marina Martín explicó que las conclusiones de esa estrategia europea, que apuesta por invertir en bienestar laboral en tiempos de cambio, ya se están aplicando en Alemania y Francia, con buenos resultados «tanto a nivel económico para la empresa como para la salud de los trabajadores». En España solo se han dado experiencias aisladas. La delegada recordó que el seminario es «pionero» en nuestro país y constituye un primer paso para abordar las reestructuraciones empresariales con esta nueva filosofía, más conservadora del empleo.

El director académico del Larpsico, Cristóbal Molina, explicó que hay tres niveles de intervención psicosocial: la administración, la empresa y los trabajadores. Ahora, explicó el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, las administraciones se limitan a «amortiguar socialmente» los efectos negativos de la reestructuración, mediante el pago de subsidios, mientras que las empresas dedican mucho dinero a pagar indemnizaciones por despido. Eso no evita la pérdida de empleo, una auténtica tragedia para las personas afectadas. «Las reestructuraciones siempre son una amenaza, pero en función de cómo gestiones esa amenaza pierdes recursos o ganas posibilidades -aseguró-. Los trabajadores que se resisten a los cambios, porque no hay una buena política preventiva, tardan muchísimo más en poder acceder a una nueva colocación».

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Hambre para mañana

Las indemnizaciones por despido, recordó, son «pan para hoy y hambre para mañana»; ese dinero debería dedicarse a planes de recolocación, diseñados siempre con la participación de los trabajadores y de los interlocutores sociales.

Molina explicó que la «tan criticada» reforma laboral, aunque no aborda el tema de la salud laboral, sí insiste en la «empleabilidad». «Los planes de reestructuración deben ir acompañados de programas de recolocación y la empresa ha de hacer una gestión psicosocial en el plan de viabilidad -dijo-. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya lo exige, pero en España no hay ni un expediente de regulación de empleo (ERE), de los miles que se han hecho, que lo lleve».

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Ello implicaría diseñar «políticas activas y planes personalizados» para readaptar al trabajador a su nueva situación. «Uno de los grandes problemas es que la autoridad laboral va por un lado y la salud laboral, por otro, aunque dependan de la misma Consejería -lamentó-. Los técnicos especialistas de prevención psicosocial deberían actuar cuando hay una situación convulsa, pero eso no está articulado».

Al seminario asistieron 120 profesionales del área sociolaboral, en especial técnicos en prevención de riesgos psicosociales, representantes de la administración laboral e interlocutores sociales.

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