Batalla judicial en Granada

Vecinos del bloque que quedaría «emparedado» en Ribera del Genil, «esperanzados» con los próximos movimientos judiciales

El próximo 19 de noviembre, los peritos representantes de ambas partes -propietarios y Grow-ING, la empresa que quiere levantar un nuevo bloque- comparecerán en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5. El objetivo es presentar los informes relativos al levantamiento de un edificio que dejaría a los vecinos que ya viven allí «en una situación de inhabitabilidad, sin ventilación, ni iluminación y sin las vistas de las que ahora disfrutan», comenta a Ideal el bufete de abogados Juan Barcelona.

Los vecinos confían en que la presentación de los próximos informes periciales hagan que el juzgado tome una resolución definitiva sobre la anulación cautelar de la licencia de obra del bloque paralizado. Un hecho que dejaría sin derecho de construir a la empresa Grow-ING, aunque habría posibilidad de presentar recurso por parte de la constructora.

El fallo, dictado hace más de dos años, advierte que, de anularse judicialmente la licencia, el Ayuntamiento se puede enfrentar a posibles indemnizaciones –habla de una «eventual responsabilidad patrimonial de la administración– por su concesión para la ejecución de la obra.

Una batalla perdida para los vecinos

La Audiencia Provincial de Granada ha archivado en firme la denuncia que estos vecinos presentaron contra un arquitecto municipal y el que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento durante la etapa socialista, Miguel Ángel Fernández Madrid, en relación a la construcción de del edificio de 15 viviendas.

Entre las numerosas acciones emprendidas por las comunidades de propietarios para evitar que se ejecute el proyecto se encontraba esta denuncia por la vía penal, por presuntos delitos de falsedad de documento público y prevaricación, contra el arquitecto municipal que redactó un informe en relación a las circunstancias de la parcela y contra el entonces concejal de Urbanismo, que concedió la licencia urbanística al proyecto.

La Sección Primera de la Audiencia mantiene que la actuación de Fernández Madrid, que ha estado representado por el letrado Gabriel Alcón Marín, «se ajustó en su totalidad a la legalidad vigente» e incide en que el Ayuntamiento no tenía capacidad de actuación en este asunto, más allá «de su intento conciliador» con Patrimonio del Estado «en el intento de ayudar a unos vecinos de su ciudad». Y es que el consistorio no tenía «posibilidad de iniciar los trámites de innovación del PGOU» en relación a esta parcela que además era de propiedad estatal.

Las comunidades de propietarios sostenían en su denuncia que el arquitecto municipal, con el objetivo «de permitir la construcción» de esta edificación en la parcela presuntamente modificó un informe que previamente él mismo había emitido eliminando las especiales circunstancias que impedían el proyecto y que, pese a conocer presuntamente esta circunstancia, el edil de Urbanismo concedió la licencia.

El Juzgado de Instrucción descartó estos extremos, recalcando que la parte eliminada del informe no era preceptiva para el fin por el que se emitió y que en todo caso esos párrafos no tendrían trascendencia respecto a la actuación del edil de Urbanismo. Las comunidades de propietarios lo recurrieron ante la Audiencia Provisional, que ha dado carpetazo al asunto en un auto contra el que no cabe recurso.