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Se llama la calle Jardines, pero tanto en Armilla como en el resto de la provincia la suelen denominar la calle de los pubs. Varios locales se agrupan desde hace más de dos décadas en una vía que ofrece tanto 'tardeos' como cervezas y copas ... hasta bien entrada la madrugada. En la otra cara de la moneda, los residentes de los bloques de dicha calle, que han presentado en el ayuntamiento varias quejas por la «inseguridad y los ruidos» que, aseguran, soportan a diario de los clientes cuando salen de los locales: «Muchos se han marchado al no poder rendir en su trabajo o en los estudios», aseguran.
El último escrito presentado ante el consistorio está firmado por los presidentes de las comunidades de propietarios, que representan a unos 150 vecinos. En declaraciones del portavoz, que prefiere mantenerse en el anonimato, el «derecho al descanso» se ve perturbado por «los constantes ruidos, peleas y riñas», especialmente a la hora del cierre. Algunas, lamentan, de gravedad, como ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando un hombre resultó herido de bala en dicha calle. «A principios de agosto hubo una fuerte pelea. Hace mes y medio un coche se estrelló contra una jardinera y la destrozó. En Semana Santa hubo un caso de violencia de género, avisaron los vecinos y les increparon por haberlo hecho», ejemplifica.
Los vecinos entienden que los propietarios de los pubs «tienen derecho a ganarse la vida», cumplen la normativa y, de hecho, valoran las actuaciones que han llevado a cabo estos años para insonorizar los locales, con resultados muy positivos. El problema, lamentan, es cuando cierran y la clientela sale; o cuando están abiertos y estos van a fumar fuera. «Hablan a gritos y hasta se ponen a cantar», denuncian. Por otro lado, ponen el foco en la suciedad y los actos vandálicos. «Rompieron las luces de entrada a un portal. A veces orinan en ellos y dejan todo lleno de pañuelos; se han dado casos en los que han defecado», agregan.
«Nos preguntamos cómo es posible que valga más el derecho de unos pocos a pasarlo bien que el derecho de más de cien familias a descansar y poder rendir en nuestro trabajo o en los estudios», manifiesta una vecina que, además, asegura haber tenido que medicarse por el insomnio y la ansiedad. «Me rindo, este es el último año que vivo aquí. Tengo intención de alquilar los dos pisos que tengo en el edificio y mudarme», comenta otro vecino que compró su casa sobre plano cuando los pubs no existían.
Durante todos estos años han mantenido una lucha por vía administrativa y judicial, con denuncias al Ayuntamiento de Armilla, Defensor del Pueblo, Delegación de Medio Ambiente e, incluso, en los tribunales, sin éxito. La consecuencia directa ha sido el éxodo de muchos de aquellos que en los años 90 compraron su vivienda en la calle Jardines. «El 70% de los residentes ya son personas que vive de alquiler», señalan los afectados.
La petición unánime es «más presencia policial de forma rutinaria y preventiva» en la hora de cierre de los locales, para evitar que permanezcan personas en el exterior realizando los actos denunciados. «Queremos que el ayuntamiento haga cumplir la ordenanza municipal de convivencia de forma escrupulosa a los locales y a sus clientes y se ejerza la potestad sancionadora frente a quienes la incumplan», apostillan.
IDEAL se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Armilla, que asegura que la Policía Local lleva a cabo «controles diarios» para asegurar el estricto cumplimiento del horario de cierre de los locales de ocio nocturno situados en esta zona. «Estas actuaciones tienen como objetivo prevenir posibles incidentes en la vía pública y garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas. Además, de forma recurrente, la Policía Local realiza rondas de vigilancia en la zona, reforzando la seguridad y previniendo posibles incidentes en la calle», explica.
Por otro lado, el consistorio detalla que, en colaboración con la Guardia Civil, se desarrollan operativos conjuntos que incluyen «inspecciones exhaustivas» para verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente y prevenir cualquier actividad que pueda poner en riesgo la salud pública.
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