Medio Ambiente ·
Se han realizado tres actuaciones por sorpresa donde se han inspeccionado 28 negocios, de los que 21 se cerraron por no tener comida apta para el consumoLa Policía Local de Granada ha clausurado una veintena de establecimientos de comida rápida en la capital en menos de un año porque no cumplían las medidas higiénico-sanitarias mínimas que marca la normativa. En concreto, desde el pasado mes de septiembre se han realizado ... tres batidas dirigidas por el área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Granada y el saldo no ha podido ser más esclarecedor: de 28 locales inspeccionados, a 21 se les precintó la cocina y a otro, que tampoco cumplía, no hizo falta porque ya no estaba sirviendo comida.
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Son los datos facilitados por fuentes del Cuerpo Local de Policía de Granada, que dejan entrever la efectividad de unas operaciones que se suelen realizar de forma sorpresiva y cuando cae la noche. Las últimas batidas se centraron en aquellos establecimientos de comida rápida, la inmensa mayoría eran 'shawarmas' y de origen chino, ubicados en zonas tan propicias para ello como Elvira y Gran Vía o el barrio del Zaidín.
En la última, que tuvo lugar hace tan solo una semana, se clausuraron una decena de locales y se decomisaron toneladas de alimento en mal estado. Se necesitaron varios camiones de Inagra para retirar 3.000 kilos de comida que estaba, en su mayoría, podrida o sin sus documentos de trazabilidad. Se analizaron a fondo trece establecimientos, de los que cayeron once. Entre todos acumularon un total de 34 denuncias por infracciones a las ordenanzas relacionadas con la salud y el consumo o por incumplimientos del derecho laboral de los trabajadores.
Según las fuentes consultadas, estas operaciones tienen un grado de efectividad muy elevada. El porcentaje de cierre de negocios ronda el 90% y la reincidencia es algo habitual. No obstante, todos los locales 'castigados' la semana pasada contaban con antecendentes. Las multas a las que se enfrentan son muy altas, pudiendo superar en los casos más graves los 15.000 euros o incluso pueden acarrear la suspensión definitiva de la actividad.
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