La verdad (judicial) sobre el 'caso kiosko de chuches'

Carlos Morán

Granada

Martes, 21 de julio 2020, 18:56

Comenta

Con una pandemia y un confinamiento de por medio que obligó a interrumpir las sesiones de la vista oral del juicio, ya se conoce la verdad judicial sobre el 'caso kiosko de chuches', más conocido como 'caso Serrallo'. La primera definición de este asunto es más correcta, porque alude directamente al meollo de la cuestión: la construcción de una discoteca en un parque público en el que la normativa solo permitía levantar un kiosko de chuches, una operación urbanística ilegal que, por chusca, evoca a las novelas de Eduardo Mendoza.

Siete años después de que un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Granada prendiera la mecha de un pleito que fue el tractor de otras investigaciones de presunta corrupción que aun se tienen que dilucidar en los tribunales, la Audiencia de Granada ha absuelto a José Torres Hurtado, exalcalde de la capital, y ha condenado por prevaricación administrativa a Isabel Nieto, la que fue su mano derecha y concejala de Urbanismo. Por cierto, está última ha renegado con vehemencia de la expresión 'kiosko de chuches'. Cada vez que la escuchaba se encendía. Y puede que hasta llevase razón. Lo de las 'golosinas' era una forma de hablar, pero que, para su desgracia, triunfó en los mentideros sociopolíticos de la ciudad, siempre dispuestos a acoger con alborozo ocurrencias de este tipo.

La idea del dichoso kiosko tenía más que ver con los que, por ejemplo, existen en los parques Tico Medina o García Lorca, una especie de cabañas de reducido tamaño para despachar tapas o bebidas (o chuches, claro, los gusanitos para alimentar a los patos tienen buena venta en el parque del poeta). Pero en lugar de esa clase de tenderetes, junto al Centro Comercial Serrallo emergió una discoteca (y otras 'infraestructuras', por llamarlas de alguna forma). Y no era una actuación legal, tal y como establece la sentencia de la Audiencia.

Punto seguido, porque habrá recursos ante instancias superiores, para un asunto que se judicializó en febrero de 2104, cuando la fiscalía provincial, difundió una denuncia en la que reclamaba al juzgado la imputación un promotor inmobiliario y de cinco altos cargos municipales de Urbanismo y por haber autorizado la instalación de la tanta veces mentada sala de fiestas en un parque infantil. El ministerio público habló entonces de una «privatización del espacio público», que era la misma expresión que habían empleado los técnicos de la Junta que examinaron las instalaciones bajo sospecha. Ni Torres Hurtado ni Isabel Nieto estaban todavía imputados.

Fue en 2016 cuando la exconcejala de Urbanismo pasó a formar parte de la 'plantilla' de investigados. Las fiscalía había hallado indicios de la participación, «consciente y voluntaria», de Isabel Nieto «en la operación urbanística que se describe, con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actuación y omitiendo los procedimientos legalmente establecidos».

Aquello fue el principio del fin del eterno gobierno municipal del PP que presidía Torres Hurtado. Poco después, la Policía Nacional detuvo al exregidor y registró su domicilio particular por su presunta vinculación a una trama de corrupción urbanística. Había estallado la 'Operación Nazarí', un escándalo mayúsculo que ocupó las primeras planas de todos los periódicos y abrió los telediarios.

Mientras tanto, continuaba el procedimiento por el 'caso kiosko de chuches' o 'caso Serrallo'. Y Torres Hurtado, que dimitió poco después de su arresto, también fue encausado. Sus visitas, y las de Isabel Nieto, a los juzgados eran constantes. Los frentes se multiplicaban para los exresponsables municipales. Más madera, que diría el otro.

Finalmente, La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, dicto el autor de apertura de juicio oral contra 17 acusados por el 'caso Serrallo'. La lista la encabezaba el exalcalde José Torres Hurtado, que se enfrentarba a seis presuntos delitos; seguido de la anterior concejala de Urbanismo, Isabel Nieto.

En la vista, ya en febrero de este año, el exprimer edil dijo que «No entendía ni quería entender de urbanismo» y la exconcejala de Urbanismo aseguró que la discoteca era legal, pero que no le gustaba.

Luego llegó la pandemia y mandó parar. Tras el confinamiento, pero ya con sordina porque el coronavirus lo tapó todo, volvieron las sesiones del juicio. Y ahora, la sentencia. Chuches amargas para unos y dulces para otros. La verdad judicial suele ser 'bipolar'. O salomónica.