Inés Gallastegui
Miércoles, 12 de febrero 2025, 01:00
Medio centenar de profesionales se manifestaron ayer en el Colegio Oficial de Veterinarios de Granada para protestar contra la entrada en vigor el pasado 2 de enero del real decreto 666/2023, que a su juicio obstaculiza y minusvalora su trabajo con requerimientos «excesivos, innecesarios ... y atentatorios contra su dignidad profesional», en especial en lo relativo a la prescripción de antibióticos. La protesta coincidió con un cierre simbólico de las clínicas y del propio colegio durante parte de la mañana, en respuesta a la huelga convocada por las organizaciones profesionales de todo el país.
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El presidente del colegio, Francisco Cerezuela, recibió después en el salón de actos a los manifestantes, en su mayoría trabajadores y propietarios de clínicas para animales domésticos. Cerezuela manifestó el respaldo de la entidad a sus reivindicaciones, pero les pidió «confianza» y paciencia, ya que actualmente está en negociaciones con la Junta de Andalucía para resolver parte de las reivindicaciones de este grupo.
Además, anunció la convocatoria de una asamblea extraordinaria para conocer la opinión de los 470 colegiados de la provincia. Asimismo, Marian Díaz, vocal de Bienestar Animal, anunció que el colegio pondrá a disposición de los profesionales autobuses para acudir a la manifestación convocada el 28 de febrero en Madrid ante el Ministerio de Agricultura y Pesca.
El artículo 39.1 del real decreto aprobado en julio de 2023, cuya aplicación se había pospuesto hasta comienzos de este año, obliga a los veterinarios clínicos a comunicar al Ministerio las prescripciones de antibióticos a animales de compañía a través de la herramienta Presvet.
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La norma está inspirada en el concepto One Health (Una Sola Salud), que subraya la interdependencia entre la salud humana, la animal y el medio ambiente, y su objetivo es controlar el uso de antibióticos para prevenir la resistencia a los antimicrobianos, es decir, la capacidad de los agentes patógenos de sobrevivir a esos fármacos mediante mutaciones, considerada una de las principales amenazas para la salud mundial.
Sin embargo, la puesta en práctica del decreto está causando muchos problemas en el día a día de los profesionales, según denuncian estos, ya que implica «una excesiva burocracia» y costes extraordinarios que las clínicas pequeñas con clientes particulares, en su mayoría pymes, no pueden asumir, a diferencia de las grandes explotaciones ganaderas.
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También consideran que produce retrasos en los tratamientos e incluso la imposibilidad de utilizarlos, por ejemplo con animales sin chip. Por último, mediante el uso de envases completos demasiado grandes para su práctica clínica, promueve el despilfarro de recursos, el aumento de residuos y la automedicación, con el consiguiente riesgo de favorecer las resistencias antimicrobianas.
Durante el acto en el colegio, Ana Martínez, gerente del Centro Veterinario Albayda, leyó el manifiesto pactado por el colectivo, que fue respaldado por los miembros del a junta directiva presentes. En su comunicado, piden al Ministerio que derogue la obligación de comunicar la prescripción de antibióticos a los animales de compañía al Presvet, ya que el control del uso de esos fármacos ya se está realizando a través del sistema europeo Esuavet, incluido en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). Recuerdan, en ese sentido, que los animales domésticos consumen solo el 0,8% de los antibióticos que se usan en España.
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Los veterinarios clínicos reclaman dejar de depender del Ministerio de Agricultura y pasar a hacerlo del de Sanidad, y por tanto ser reconocidos como profesionales sanitarios; y al Ministerio de Hacienda, «el retorno inmediato al tipo reducido de IVA que grava a los servicios veterinarios, con el fin de reconocer la esencialidad de la sanidad animal».
También dirigen parte de sus reivindicaciones a la Junta de Andalucía. A la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural le solicitan la reforma de la normativa autonómica para que las clínicas veterinarias puedan prescribir y dispensar los medicamentos a sus clientes cuando los necesitan, sin depender de los botiquines, a menudo desabastecidos, «lo que retrasa los tratamientos y pone en riesgo la salud de los animales».
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