Vía libre para la zona de bajas emisiones de Granada

Con la modificación del PMUS encarrilada en el pleno tras su paso por la comisión, el único foco de interés estaba en ver qué sucedía con las sugerencias realizadas al borrador de ordenanza de Movilidad. Hasta 383 se presentaron por los grupos municipales de la oposición, pero también por los plenarios de localidades metropolitanas y el resto de la provincia, así como grupos empresariales, colectivos vecinales y personas de a pie. Los populares ya advirtieron que las estudiarían en profundidad e incorporarían aquello que pudiese, en su opinión, enriquecer el texto. Así ha sido.

Parte de las aportaciones, especialmente las relacionadas con excepciones a las limitaciones, se han incorporado. La más relevante, la que permitirá que aquellos trabajadores con vehículos altamente contaminantes que no sean de Granada y tengan consideración de vulnerabilidad puedan acceder a la zona restringida al tener en cuenta la especial dificultad para afrontar una renovación del coche.

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También hay otras que habían puesto sobre la mesa los grupos de la oposición, como la excepción para los mayores de 67 años con vehículos altamente contaminantes o el que permite acceder a los titulares de este tipo de coches de fuera de la ciudad a los parkings siempre y cuando los vehículos queden dentro al menos una hora y se sometan al sistema de control municipal. A esto se han sumado añadidos a cuestiones vinculadas a personas con dependencia o movilidad reducida que, a juicio del equipo de Movilidad, ha clarificado la norma.

No han pasado el filtro otras propuestas ni las justificaciones que entidades y formaciones habían hecho contra las limitaciones. Los populares han rechazado la idea de que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones discrimine a los ciudadanos en función de su origen, algo que ha explicado aludiendo a la Constitución, o el planteamiento que señalaba el «sinsentido» de que vehículos que pasan la ITV no pudiesen entrar más allá de las zonas habilitadas por no tener distintivo ambiental alguno.

Movilidad ha rebatido uno de los aspectos en los que más han incidido los plenarios del Área Metropolitana y de la provincia, como es el aumento de la burocracia que implica la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones y las acreditaciones que requiere para determinados sectores. En este sentido, ha considerado que la parte que podría tener un mayor problema, el vinculado al sector económico y comercial con la carga y descarga, ya cuenta desde hace años con un registro, un documento que pasará a ser ahora una lista blanca que se adjuntará al sistema de control y evitará que las administraciones tengan que hacer más trámites para permitir el paso.

«Una ZBE legal y participada»

La responsable de Movilidad, Ana Agudo, ha defendido una ordenanza que «marca un hito» al consolidar hasta 13 ordenanzas distintas y ha recordado que ahora se da cobertura a cuestiones que van más allá de la zona de bajas emisiones, como los parkings o la carga y descarga- Con su aprobación, que ha respaldado únicamente el PP, «cumplimos las cuestiones normativas», ha insistido antes de recalcar un proyecto que permite tener una zona de bajas emisiones «legal, participada extensivamente e implantada con acción».

El PSOE se ha opuesto a la ordenanza al considerar que respalda un modelo «que lleva a la ciudad al caos». La edil Raquel Ruz ha insistido en que su grupo está a favor de la zona de bajas emisiones, «pero no así». En su opinión, el gobierno local «ha apostado por recaudar por multas y empadronamiento en lugar de por mejorar la calidad del aire» y ha lamentado la «falta de consenso» de un proyecto «que no se apoya en medidas necesarias, como líneas coordinadas o un metro que conecte el Aeropuerto, Chana y los municipios del arco sur».

Vox también ha rechazado el expediente al considerar que es una «losa» para Granada y la provincia. La concejala Mónica Rodríguez ha alertado de que, como refiere el informe adjunto a la ordenanza, «las futuras revisiones que se hagan del área no podrán ser regresivas». «Esto quiere decir», según ha señalado, «que si quisiéramos tirar hacia atrás deberíamos contar con autorización autonómica». La responsable también ha lamentado unas excepciones que, aunque incluye propuestas de los grupos y los colectivos, «no son suficientes». «Ha dejado fuera a los padres que traen a niños, a los que vienen a coger al bus o al tren. Falta información. Siempre dijimos que no y lo seguimos haciendo», ha remarcado.