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La defensa de la víctima de violencia de género que ha denunciado un presunto uso indebido del sistema Viogén por parte de varios agentes de ... la Policía Local de Granada, compañeros de su expareja, pide al juzgado de Instrucción 4 de la capital que cite en este procedimiento al Ayuntamiento de Granada como responsable civil subsidiario. La petición se registró en el tribunal que instruye la investigación el pasado viernes.
De acuerdo con un escrito al que ha tenido acceso este medio, la acusación particular, «teniendo en cuenta las circunstancias agravantes de afectar a una víctima de violencia de género, además de a su hija menor de edad», solicita que se tenga en cuenta que los investigados, al ser funcionarios del Ayuntamiento de Granada, «independientemente de la calificación inicial de los hechos y de existir finalmente alguna responsabilidad penal», se derivaría también una responsabilidad civil subsidiaria de la que respondería el propio consistorio porque los investigados actuaban en calidad de funcionarios.
El escrito insiste en que los agentes accedían con los medios del Ayuntamiento a su sistema informático sin que existieran garantía alguna para evitar este tipo de conductas, y «máxime cuando los responsables estaban avisados», según asegura la víctima, motivo por el que demanda que se traiga al presente procedimiento al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.
A «disposición» de la justicia
Por su parte, el Ayuntamiento de Granada señala que está «a disposición, como siempre, de la autoridad judicial». Estas declaraciones siguen la misma línea que las emitidas la pasada semana por el portavoz del gobierno, Jorge Saavedra, que destacó que el consistorio sigue los protocolos y está al «servicio y atento» al juzgado de instrucción número 4 de la capital.
Los siete agentes investigados pueden haber incurrido en delitos de revelación y descubrimiento de secretos. La magistrada solicitará ahora prueba documental y dará a las partes la opción de demandar algunas aportaciones. Fue una auditoría de la Guardia Civil la que destapó un acceso «injustificado» a la información de la mujer.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en junio de 2024 por la víctima. La mujer expresaba que su expareja, subinspector de la Policía Local de Granada y sobre el que pesa una orden de alejamiento de 500 metros, lograba acceder a ella y aseguraba que podría estar recabando información a través del sistema, o bien mediante el uso de las claves de su compañeros o con el acceso voluntario por parte de estos agentes.
Por ahora, solo cuatro de ellos han declarado en el juzgado de Instrucción 4 de la capital ante la magistrada Susana Álvarez Civantos.
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