La defensa de Villafranca insiste en que no delinquió y pide su absolución

El abogado de Villafranca, Enrique Ceres, insistió en que la conducta de su defendida fue en todo momento «lícita y legal» y que no cometió ninguno de los delitos de que se le acusan. Aseguró que, en su escrito de acusación, la fiscalía no alude a «conductas concretas» de la exdirectora de la Alhambra, sino que la acusa de «generalidades» que no constituyen ilícito penal alguno.

La propia Villafranca señaló en su declaracion ante la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, el pasado 9 de enero, en la primera sesión del juicio, que todas sus decisiones en relación a la empresa adjudicataria de las audioguías fueron adoptadas en el marco del pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife y que, en todo caso, al ser ella historiadora del Arte, siempre contó con el asesoramiento de los profesionales del Patronato en cuestiones administrativas y legales.

El penalista resaltó asimismo que Villafranca nunca trató de beneficiar a la adjudicataria del servicio, y recordó que no hay prueba alguna de que se enriqueciera u obtuviera algún beneficio de su relación con esa empresa. Más aún, recordó que, si bien la empresa se retrasó «muchísimo» en el canon que debía abogar periódicamente al Patronato, finalmente abonó todas las cantidades que adeudaba. Respecto a la posibilidad de que GTP Museum Solutions declarara un número menor de audioguías de las que realmente alquilaba, Ceres subrayó que, en tal caso, Villafranca y los otros acusados del patronato «serían los engañados, no los engañadores».

El letrado de Mar Villafranca reclamó que, si finalmente su defendida es condenada, se tengan en cuenta las «dilaciones indebidas» que han prolongado el proceso durante casi ocho años y se rebaje su pena en consecuencia.

Por su parte, la Fiscalía mantuvo el martes su petición de cárcel tanto para Villafranca, que dimitió en 2015 por este caso, como para la exsecretaria general del monumento Victoria Eugenia Chamorro, que se enfrenta a la misma pena por los mismos delitos, y para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías, para quien el fiscal solicita una pena de diez años de prisión y multa de un millón de euros. Junto a ello, el fiscal solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en algo más de 1,2 millones de euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife.

Este caso también ha sentando en el banquillo de los acusados al que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra, José M. V., al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel para todos los procesados.

El fiscal acusa al empresario de llevar a cabo, entre 2007 y 2011, la «sustracción» a la Alhambra de parte de la recaudación con los servicios de alquiler de audioguías estableciendo presuntamente unos precios distintos a los estipulados en el contrato y facturando supuestamente menos dispositivos de los que realmente alquilaba.