Hace unos días, un centenar de personas recorrió en una manifestación de protesta las calles de Granada hasta plantarse ante la subdelegación del Gobierno en Gran Vía. Protestaban porque quieren tener una cita para solicitar el asilo en España, regularizar su situación y acceder a ... un puesto de trabajo. Es la puerta de entrada y sin ella se encuentran en una situación completamente irregular, con la amenaza de ser expulsados de inmediato del país.
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La protesta estuvo organizada por RedGra, la Red Granadina por el Refugio y la Acogida, formada por cuarenta asociaciones de todo tipo, defensoras de los derechos de personas migrantes, comparte la portavoz, Inés Barrio Cantalejo, desde el local de la antigua residencia Fray Leopoldo, donde reciben a estas personas migrantes, les asesoran, les acompañan y le dan clases de español.
El lema de la protesta, explica ahora, es 'Sin citas no hay derechos', en una situación explosiva para estas personas implicadas. «Unas doscientas personas migrantes viven en la provincia de Granada sin poder solicitar asilo. Están condenadas a un limbo legal esperando entre seis y diez meses para formalizar su solicitud de asilo», explica.
El procedimiento obliga a obtener una cita para formalizar la petición. «Pero esa cita nunca se llega. Y sin ella se quedan fuera del sistema en una preocupante situación de indefensión y desprotección. Sin citas no hay derechos. Sin derechos no hay refugio», repite. «Tampoco pueden trabajar que es lo que quieren».
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Mientras tanto, faltan manos para recoger y manipular el espárrago que encara ahora su recta final de campaña en Granada, el problema se trasladará en verano a las plantaciones de hortalizas de Játar o Zafarraya, después a los invernaderos de la Costa, entre noviembre y marzo a los olivares del Poniente, en primavera a los ajos y demás cultivos de la Vega y vuelta a empezar. Por ello, el sector agrario de Granada pide regularizar inmigrantes para paliar la falta de mano de obra. En consecuencia, empresarios y cooperativas han acudido a la subdelegación del Gobierno para proponer esta fórmula, que vinculan a contratos de trabajo y permanencia para personas que ya viven aquí.
«Pasar miedo»
De momento, no hay respuesta oficial. Por ello, en RedGra hablan de que la situación de estas personas es de «tortura», de «pasar miedo». La razón es que para España están indocumentados. Tienen su documentación de su país de origen –Senegal, Mali, Mauritania, Guinea Conakry, Burkina Faso–, en vigor, pero que en España no está vigente. No es válida. Ellos están en una situación irregular, tienen una orden de expulsión de España en vigor, que se la dieron cuando llegaron a España. La orden recoge información del momento de llegada, fecha, cayuco o patera, identifican los barcos en los que llegan. pero nada más».
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RedGra pide por tanto que se proteja su identidad. Así que las tres personas se autoasignan un nombre eso sí, entre risas. Así que por un rato serán Fernando, Alejandro y Pedro.
Fernando rompe el hielo. Llegó desde Senegal a las costas de tenerife el 4 de junio del año pasado. Tiene 26 años y en Dakar trabajaba en una pescadería. «Vengo a España porque hay muchos problemas en nuestro país», explica sus motivaciones. Tras llegar a Canarias, como estaba saturada, el Gobierno decidió practicar traslados a la Península.Así llegó a Granada. Pasó entonces por el MPDL (Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad), asociación financiado por el Ministerio de Trabajo para la primera acogida. «Ahora vivo en el Zaidín y no trabajo porque no puedo trabajar por no tener la documentación en regla», comparte.
Alejandro habla en segundo lugar. Viene desde Mali y su recorrido fue el mismo que Fernando. Tiene 30 años y también lleva en España casi un año. «En Mali era pintor», explica mientras mueve la mano hacia arriba y hacia abajo como si estuviera pintando una pared. En el caso de Pedro, de 25 años, era almacenista en Senegal y su itinerario para llegar a Granada ha sido similar al de sus dos compañeros.
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Sin una vida digna
Inés Barrio Cantalejo explica que el paso por el MPDLes un periodo corto de unos meses de acogida, «y después se quedan en la calle sin poder haber establecido una cita o un recurso para vivir dignamente permanente». Esto es lo que se denuncia, que durante los tres o cuatro meses de estancia con el MPDL, nunca les llega la ansiada cita para poder empezar el proceso de regularización para permanecer en España oficialmente.
La pregunta que lanzan desde RedGra es la siguiente:«¿Cómo es posible que hayan atravesado un océano, el desierto, fronteras, países, hayan estado en Libia medio esclavizados, y en España en vez de estar seguros tienen miedo?». Se responden: «Vivir en Granada sin una cita para pedir asilo es una tortura».
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La situación de estas personas migrantes lleva también a una lluvia de datos que siembran dudas y confusión. Desde la plataforma RedGra explica que la normativa de la UniónEuropea desde el año 2013 obliga a dar una cita para formalizar la solicitud de asilo en tres días. Y de forma excepcional, diez días. «Y aquí vemos que Fernando lleva once meses, Alejandro diez meses y Pedro otros diez meses», denuncian. «Es un enorme cinismo, porque si protestas dicen que 'hay un sistema'. Metes los datos en una página web y al final te responde: 'En este momento no hay citas disponibles, vuelva a intentarlo más tarde'. Y así pasan diez meses». La crítica prosigue. «Cuando se habla de que en España ha habido 120.000 solicitudes de asilo, en esa cifra, todas estas personas están invisibilizadas. No aparecen en ningún momento. Es decir, hay muchas más».Además, explican que España es el tercer país de la UE en recibir solicitudes de asilo, después de Alemania y Francia. «Sin embargo es uno de los países que más denegaciones emite. Si la media europea de aprobación de solictud de asilo es del 38%, en España es del 15%».
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