Tribunales

La Audiencia Nacional deja a Pozzo, Pina y el Granada al borde del banquillo por el fraude de 9,4 millones

De esta manera, la sala IV de lo Penal de la Audiencia Nacional encargada de resolver los recursos de apelación presentados por Pozzo, Pina y el Granada CF ha desestimado los mismos, avalando la instrucción de la causa por este delito seguido por el titular del Juzgado central de Instrucción 5, Santiago Pedraz. Todo ello se traduce en que el Granada CF y estos antiguos dirigentes están al borde de sentarse en el banquillo para dar cuentas de este presunto fraude.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, última instancia ante la que podían apelar los acusados, da por bueno, sin modificar ni una sola coma, el auto de Santiago Pedraz contra el Granada CF, Quique Pina, Raffaele de la Riva (titular y administrador de la sociedad Fifteen Securitisation, que ejercía de fondo de inversión en la compra de derechos de jugadores), y Jordi Trilles, abogado de Gino Pozzo, exmiembro del consejo de Administración del Granada CF y representante de Fifteen.

En principio, el único delito detectado por Santiago Pedraz en su auto es el de fraude a la hacienda pública, lo cual no resta que el fiscal pueda ampliar la carga acusatoria cuando dicte su escrito de acusación poco antes de la celebración del juicio. No es lo más probable ni suele ser lo habitual.

El auto de Santiago Pedraz, del 7 de noviembre de 2022, mantiene que el Granada CF había creado, bajo el mandato de Gino Pozzo, «una compleja estrategia» para que las «plusvalías obtenidas mediante el traspaso de jugadores se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la hacienda pública nacional».

El principal mecanismo para conseguirlo consistía en la «simulación» de una financiación aportada al Granada CF por la entidad luxemburguesa Fifteen Securitisation, «lo que permitía al club hacer fichajes de jugadores a cambio de obtener el 95% del importe que en el futuro se obtuvieran por los traspasos de estos jugadores a otros clubes en el futuro». Pero en realidad esta sociedad, domiciliada en Luxemburgo y que daba apariencia de financiar de forma externa al Granada CF, recibía dinero de las arcas rojiblancas, que después era utilizado como préstamo al club para simular esa financiación externa, que en realidad no lo era. «Los fondos transferidos por Fifteen Securitisation al Granada CF disfrazados de financiación externa proceden en su mayor parte del propio club».

Los investigadores policiales se hicieron con un volumen importante de transferencias económicas entre el Granada CF y la sociedad luxemburguesa Fifteen Securitisation que demuestran la conclusión de fraude tributario descrito por el juez Santiago Pedraz, tal y como plasma en el auto de conversión de procedimiento oral abreviado.

El coste que tuvo esta estrategia financiera para el Granada CF fue muy alto, demasiado a tenor de lo recogido en el auto judicial. «El coste que ha tenido para el Granada CF en términos absolutos se puede cuantificar en 45 millones de euros» y en «términos de interés se puede cuantificar en un 50% anual. Entre 2011 y 2018, Fifteen Securitisation aportó al club diecisiete millones de euros, «mientras que recibió del Granada CF más de 62 millones de euros» en el mismo periodo. Ello supone que el coste para «el club de fútbol de este modelo de financiación externa supere ampliamente el 50% anual».

Un informe de la Agencia Tributaria de 4 de junio de 2021 aclaró que el Granada CF, bajo la presidencia de Quique Pina y con Gino Pozzo de máximo accionista, dejó de tributar por el traspaso de los jugadores mencionados anteriormente. En la temporada 2013/14 fueron 635.000 euros; en la 2014/2015 un total de 5.914.679; y en la 2015/2016 la cuantía se elevó 2.892.218 euros. La suma se eleva a 9.444.897 euros. «Los hechos serían constitutivos de un delito contra la hacienda pública». Quique Pina y el Granada CF están muy cerca de sentarse en el banquillo. Los acusados han evitado, al menos por ahora, la acusación por blanqueo de capitales.