Fiscalía demanda al Granada más de nueve millones como fianza por el caso Líbero

La cantidad que se exige al Granada rozaría los doce millones, teniendo en cuenta el montante supuestamente defraudado, nueve millones, y aproximadamente un tercio más entre multas y sanciones, aunque esta cantidad fluctuaría en función del comportamiento del juzgado en adelante. Lo normal es que está fianza no sea exigida de inmediato y que la propia sociedad deportiva presente un escrito de defensa hasta que quede determinada la cantidad específica a abonar mientras que llegue el juicio como tal, para lo que transcurriría un año aproximadamente según una fuente consultada al respecto, sin descartar que sea un tiempo más. Otra posibilidad es que al Granada se le pida que avale la fianza, lo cual sería menos lesivo para su economía.

Desde la entidad rojiblanca, sus gestores se siguen considerando una víctima en este proceso y que, en todo caso, el Granada fue utilizado como una herramienta por la antigua propiedad para esta ingeniería financiera en materia de fichajes. El escrito también describe el grado de responsabilidad del cada uno de los investigados, pena de cárcel incluida para cada uno, entre los que siguen Gino Pozzo, Quique Pina y los asesores del italiano.

La actual dirección del Granada, a la esperar de plantear sus recursos, espera que la Justicia resuelva a su favor en el futuro y que el club quede exonerado. En su defecto, tomaría acciones contra los posibles autores materiales del agujero en su económica.

El caso Líbero nace de una operación policial que sale a la palestra en enero de 2018 tras tras dos años de investigación, en la que entre otras cosas se detuvo a Quique Pina por presunto blanqueo de capitales en transacciones de derechos deportivos de futbolistas del Granada y por encabezar una presunta red de sociedades que podría haber defraudado importantes cantidades de dinero.

A posteriori, la Líbero se dividió en diversas piezas. En lo que respecta al patrimonio personal de Pina, el juez De la Mata decretó hace varias semanas el desbloqueo de sus sociedades al no apreciar delito de blanqueo de capitales respecto a las mismas. Sin embargo, los representantes del murciano sí pactaron nueve meses de prisión (sin ingresar en ella) por crear una red para eludir pagar a Hacienda con las mismas, además del pago de una multa. La maniobra liberó al Granada de una posible responsabilidad subsidiaria por estas deudas personales.

En la sentencia se expuso que Quique Pina creó una trama para evitar abonar 3,2 millones a Hacienda como responsable del Ciudad de Murcia. Añade, además, que ideó una «mecánica compleja y perfectamente planificada» para no disponer de patrimonio a través de dos sociedad interpuestas (Quique Sport y Calambur Intermediaciones), en el que aparecía su hermana, Elena Pina, como administradora.

La Audiencia Nacional consideró probado que el expresidente del Granada recibió a través de Calambur «retribuciones en metálico o especie» como directivo del Granada y posteriormente del Cádiz, además de como intermediario de jugadores.

Dicha sociedad, por ejemplo, adquirió un yate valorado en medio millón de euros ('El Duende') que se compró a través de dos transferencias que se emitieron desde una cuenta del club rojiblanco, cuyo «único autorizado» era Quique Pina. Detalla la sentencia además que el Granada costeó los salarios del capitán y del marinero del navío. La otra sociedad, Quique Sport, contaba con diez inmuebles registrados, entre los que se incluía, por ejemplo, la vivienda que él tenía en Molina de Segura (Murcia). Las empresas también le sirvieron para el disfrute de vehículos de alta gama (Porsche, Aston Martin…). Entre las maniobras realizadas para eludir a Hacienda destaca, por ejemplo, la venta de la casa de los padres del Pina por 160.000 euros, a pesar de que estaba valorada por 80.000 euros más, a Jorge Cordero, empleado en el Granada y hermano de Juan Carlos Cordero, que además de director deportivo del club nazarí era persona de confianza del expresidente en el Granada.

Como consecuencia de esta causa, Pina también depositó en el juzgado 2,9 millones de euros, con los que la deuda reclamada por Hacienda quedó saldada. Sin embargo, el expresidente del Granada mantiene abierto un Contencioso en el que sostiene que gran parte de esa cantidad no se corresponde con sus movimientos a título individual sino con una deuda no fue abonada por Carlos Marsá, entonces presidente del Granada 74 -denominación con el que se renombró a la entidad murciana tras su compra-, y que fue tras la insolvencia de Marsá cuando se acudió a Pina para que hiciera frente a dicho pago.