El doce de enero el juez Pedraz dictó el auto de apertura del juicio oral por el caso Líbero, dando un plazo de diez días para el pago de las fianzas estipuladas para los acusados y un mes para la presentación de los escritos de ... defensa. Tanto los representantes actuales del Granada como los otros inculpados argumentarán que se aplique un ajuste por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 69/2023 del 19 de junio de ese año, para que el pago se reduzca a la fianza solidaria, 9.441.897,11 euros, que coincide con la cantidad defraudada, más un tercio, lo que se redondearía en unos 12,6 millones.
El club tendría que imputar esto en su contabilidad, salvo que lo abone otro acusado, aunque esto no tendría que suponer un problema real para su economía a corto plazo pues puede acceder a diversos mecanismos de financiación mientras se resuelve el proceso. Lo fundamental estará en su escrito de defensa, aún en elaboración, en el que los rojiblancos se presentarán en todo caso como víctima del, en palabras del Fiscal, «plan criminal» que en sus conclusiones explica la dinámica para fichar entre el fondo de inversión Fifteen Securitisation y el propio equipo de fútbol, que luego enviaba a ese otro país el 95% del importe de la venta de ciertos jugadores. Delito agravado contra Hacienda en los ejercicios 13, 14 y 15.
El Granada luchará por su absolución. Su defensa se basará en que ante la identificación de las personas físicas responsables no se vaya contra la persona jurídica. En este aspecto, Quique Pina ya no aparece como autor del plan en sí, ese sería Gino Pozzo en solitario, sino como colaborador necesario, al igual que Raffaele de la Riva, teórico titular del fondo, y Jordi Trilles, cercano a Pozzo y fiscalista del consejo de administración del Granada en esa época. Esta responsabilidad de Trilles es la que pretenderá enfatizar la defensa de Pina para sostener que él no entraba en cuestiones tributarias y que se limitaba a otras gestiones de cariz deportivo. También, que en uno de los tres ejercicios investigados por delito fiscal agravado, el de 2015, él ya no estaba en el club cuando se declaró en julio del 16, al salir de la entidad el 27 de junio de ese año. Surge la contradicción entre el escrito de conformidad que Pina aceptó sobre su caso personal –que ya se resolvió– que fijó esta fecha de salida, con el escrito de acusación del Fiscal ahora, que mantiene a Pina y Trilles como «personas clave» una vez hecha la venta del club a los chinos para que se siguiera cumpliendo la dinámica del fondo con los futbolistas restantes vinculados, cuando el único que sí siguió con la nueva propiedad durante un tiempo fue Trilles.
Pozzo, junto a este abogado y De la Riva, tratarán de sostener la validez de la consulta vinculante que hicieron a la Dirección General de Tributos para justificar este tipo de actuaciones con los fichajes. El escrito del Fiscal subraya que esta consulta ocultó que el titular real del fondo y del Granada era Gino Pozzo, que cuatro sociedades de Emiratos Árabes Unidos canalizaban su inversión a través del mismo y que el dinero invertido provino «en una parte muy importante, hasta 5.900.000 euros, del propio club». De ahí que el Fiscal hable de vaciamiento de tesorería, resaltando que el fondo no era necesario.
Una vez que se presenten los escritos de los imputados se empezará a ver el camino de la Líbero, desde la celebración del juicio a que haya un acuerdo. El foco lo tienen puesto Gino Pozzo y sus colaboradores. La defensa de Pina lo quiere separar de esta práctica. El Granada actual también ha detectado inexactitudes en el texto del Fiscal, como cuando critica que «hasta la fecha» la nueva propiedad no ha implementado ningún modelo de cumplimiento normativo», cuando este programa existe desde hace años, pues es requisito de LaLiga. No es el único error detectado. Ahora hay otra Fiscal con el que todo puede experimentar un giro.
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