GRANADA: TERRITORIO HISTÓRICO

La comprensión de la geohistoria de nuestro país exige remontarse hasta la época prerromana y extender su análisis hasta el advenimiento del actual estado de las autonomías. Las razones que explican su perseverancia como problema histórico son diversas. Unas son ancestrales, derivadas de las peculiaridades de nuestro país; otras próximas, surgidas en el XIX; y algunas muy recientes, principalmente derivadas de la Constitución de 1978 y su desarrollo.

No se conoce la existencia de ninguna división del territorio en la época prerromana cuando la península estaba habitada por iberos y pueblos indoeuropeos de etnogenia desconocida como celtíberos, cántabros, várdulos, caristios, berones, pelendones, vascones, autrigones o túrmogos. Será tras la invasión de Roma cuando se realice una primera organización en dos provincias (ulterior y citerior), con límites poco precisos dado que sólo el litoral era la zona dominada. Se trató de hacer una clasificación muy rudimentaria que estuvo vigente entre el 197 a. C. y el 27 a. C. A partir de este momento, la organización política de Hispania evolucionó, primero durante el Alto Imperio Romano con una nueva clasificación en tres provincias, Tarraconensis, Baética y Lusitana, que a su vez se dividían en conventos jurídicos. En tiempos de Dioclesiano, en el 298, se creó la Diócesis Hispaniarum, que estructuró el territorio en seis provincias: Tarraconense, Carthagiense, Baetica, Lusitania, Gallaecia y Balearica, ésta última incluida a final del siglo III. O siete, si se incluye la Mauretania Tingitana, que se extendió por el Norte de África.

Con la caída del Imperio Romano, la península fue ocupada en su mayor parte por pueblos bárbaros procedentes de la Galia y de aún más allá. Los invasores fueron principalmente los visigodos, unos de los más romanizados. Sin embargo, no pudieron mantener la división o clasificación romana más que nada por el proceso de ruralización que provocó la necesidad de ocupación de determinadas partes del territorio nacional.

Los musulmanes administraron durante buena parte de la Edad Media la mayor extensión del territorio nacional, desde su vertiginosa expansión iniciada a partir de 711, y hasta 1492, establecerían una división propia, implantando las coras o kuras, que estaban vinculadas siempre a un núcleo de población o ciudad importante. Éstas, en la medida en que el poder del califato se fue haciendo más débil, se fueron independizando surgiendo distintos emiratos, a modo de pequeños estados, las taifas, cada uno con su propio rey o emir, que conformarían los conocidos reinos de taifas.

Con el avance de la reconquista fueron creándose distintos reinos cristianos. La génesis de éstos se encuentra en el Reino de Asturias, que fue la primera entidad política cristiana establecida en la península ibérica después del colapso del reino visigodo de Toledo. Se extendió entre 718, fecha en la que al parecer fue elegido Don Pelayo como 'princeps' de los rebeldes, y el año 925, cuando Fruela II sucede a su hermano Ordoño II y une sus territorios al Reino de León. El Regnum Asturorum es considerado por la historiografía tradicional el precedente histórico de la Corona de Castilla y del Reino de Portugal y el germen de España.

En el siglo XII, los reinos cristianos peninsulares pasaron a ser cuatro: Portugal, Castilla -la unión final de León se produciría en 1230-, Navarra y Aragón. Los propiamente españoles, con los Reyes Católicos, mantuvieron sus divisiones administrativas particulares. A ellos, con su personalidad diferenciada, por su notabilísima relevancia universal al ser el último territorio de occidente reconquistado al Islam e integrado desde más de dos siglos atrás como vasallo en Castilla, se sumaría a final del XV el Reino de Granada, que acabaría convirtiéndose por decisión de los Reyes Católicos y de su nieto Carlos I, en la clave de bóveda del vasto imperio español.

El origen del reino 'cristiano' de Granada como ente que formó parte de la división política y administrativa peninsular desde la época moderna hasta 1833 como uno de los reinos en los que se dividía el territorio nacional tiene su origen en la taifa andalusí de Granada. El Reino de Granada fue dominado por la dinastía zirí desde 1013 hasta 1090, y tras la época almorávide y almohade, por la nazarí entre 1238 y 1492. Su territorio se extendió, poco más o menos, al de las actuales provincias de Almería, Granada, Málaga y parte de las de Cádiz y Jaén. Sus fronteras como reino vasallo de Castilla quedaron fijadas en el tratado de Jaén, de 1246, celebrado entre Fernando III el Santo y Muhammad I. Sus límites permanecieron prácticamente invariables en los dos siglos y medio siguientes hasta la conquista de Granada por los Reyes Católicos, con las solas alteraciones provocadas por la toma de Alcaudete y de Alcalá la Real, de Huelma en 1348 y finalmente de Huéscar y sus tierras, mucho después, en 1434.

Fue el de Granada un reino muy lejano y diferenciado por el devenir de la historia y las capitulaciones para su rendición, concluidas en el Real de Santa Fe en 1491. Durante el XVI y hasta el establecimiento del sistema de intendencias, Granada, como territorio integrado en la Corona de Castilla, fue una de las 18 ciudades con derecho de voto en las Cortes.

El triunfo del pretendiente borbón en la Guerra de Sucesión española determinó que en 1720, sobre la base de la organización provincial precedente, Felipe V instituyera las intendencias, que fácilmente puede comprobarse que no coincidían exactamente en muchos casos, como el de Granada, con el de las actuales provincias. Fueron un total de 20 las creadas, entre ellas la granadina, que vino a copar el territorio de su definido reino. Fernando VI volvería a reordenarlas durante su reinado haciéndolas coincidir más fielmente con las provincias de los Austrias y los antiguos reinos españoles. Posteriormente, reinando Carlos III, el conde de Floridablanca, en 1785, promovió la realización del interesantísimo 'Prontuario o Nomenclator de los Pueblos de España', mandando elaborar también distintos mapas dirigidos a facilitar el control del reino en todos órdenes.

Dejando de un lado el tortuoso cuadro que durante el Antiguo Régimen presentaban las jurisdicciones locales, la conclusión en el plano de la organización territorial de nuestro país al final del advenimiento del Nuevo Régimen no es otra que la existencia de un panorama obsoleto y anacrónico. Un orden en el que las viejas provincias organizadas en reinos, en las que se distribuían jurisdicciones realengas, abadengas y de señorío secular, resultado de circunstancias históricas acumuladas durante el paso de los siglos, desvelaban la confrontación entre la racionalidad y la eficacia administrativa.

Así el panorama en los primeros tiempos del siglo XIX, España asistirá a una tensa lucha entre el Antiguo Régimen y el Estado Liberal, ambos con conceptos antagónicos de gobierno. El Viejo Estado anclado en el pasado y en un sistema de jurisdicciones arcaico e ineficiente para dar satisfacción a las demandas emergentes de los súbditos y del propio Estado. Es por ello que el Estado liberal porfió recurrentemente en la búsqueda de una nueva ordenación del territorio que le habría de permitir una mejor gobernanza del país.

Por el momento, y hasta la imposición de la clasificación del motrileño Javier de Burgos, los trabajos de la época napoleónica, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal sobre las prefecturas, provincias y regiones, otorgaron la relevancia que a Granada le correspondía por derecho propio, como reino y territorio diferenciado sin el que no podría comprenderse la historia de España.