Trump revoca la protección contra las deportaciones a 350.000 venezolanos

Así lo recoge una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revelada por el periódico 'The New York Times' y que todavía no ha visto la luz, pero que señala que los ciudadanos de Venezuela que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos en un plazo de 60 días después de que el Gobierno publique el documento.

Esta ayuda de acogida se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a EE UU huyendo de un desastre natural o un conflicto armado. Se extiende hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura. El actual TPS, que permite a más de 600.000 venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, vence el próximo 10 de septiembre.

La nueva orden, firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justifica la revocación de la protección tras realizar una revisión de las «condiciones» de Venezuela y concluir que el TPS es «contrario» al «interés nacional estadounidense». El pasado jueves la Casa Blanca ya había anulado una extensión hasta octubre de 2026, aprobada al final del mandato del demócrata Joe Biden.

Se trata de la primera decisión del magnate en su segundo mandato para eliminar ese amparo. De esta manera el presidente da pasos para retomar la ofensiva contra el programa de protección iniciada en su primer Gobierno, cuando intentó poner fin a ese estatus para los inmigrantes de Haití, El Salvador y Sudán, entre otros. Trump se vio frenado por los tribunales judiciales que cuestionaron su forma de anular las protecciones.

En esa ocasión, Washington dio una moratoria de entre 12 y 18 meses, esta vez el periodo de gracia será de escasos 60 días para los 350.000 venezolanos que tenían protección hasta abril. El resto, unos 250.000 con amparo hasta septiembre, no se verán afectados. Al menos de momento, porque las declaraciones y las acciones del Gobierno estadounidense indican que su estatus podría correr peligro en el futuro.

Los republicanos habían criticado el programa porque consideraban que se había utilizado para permitir que los inmigrantes permanezcan en el país mucho más tiempo del previsto, de modo que ha pasado de ser una medida temporal a un acuerdo más permanente. «Vamos a dejar de otorgar masivamente el Estatuto de Protección Temporal», avisó en octubre el vicepresidente JD Vance.

Los activistas por los derechos de los inmigrantes han cargado con dureza contra esta decisión. «El intento de la Administración de anular la extensión del TPS realizada por Biden es claramente ilegal», asegura en declaraciones recogidas por 'The New York Times' Ahilan Arulanantham, que dirige el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA. «El estatuto deja claro que las revocaciones solo pueden ocurrir al final de una extensión. No permite otras oportunidades». Así, la revocación se enfrentará a impugnaciones legales por parte de dichas asociaciones.

Esta anulación de la protección de 350.000 venezolanos aumenta el número de personas sin un estatus migratorio formal en el país, todo ello mientras Trump intenta llevar a cabo una campaña de deportaciones masivas. Después de la dificultad de Biden para que Nicolás Maduro recibiera los vuelos de los deportados venezolanos, el nuevo presidente anunció este sábado que Caracas había cedido a las presiones y aceptará el ingreso de «todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en los Estados Unidos», «incluidos a los criminales del Tren de Aragua». El segundo punto del acuerdo entre Caracas y Washington se cumplió el viernes con la liberación de seis presos estadounidenses que ya han retornado a suelo americano.

Esta es la última de una serie de medidas de la Casa Blanca para endurecer el sistema de inmigración, incluida la pausa en programas que permiten a los migrantes ingresar a través de vías previamente legales y la congelación del sistema de refugiados.