El CES pide que la concesión de veladores sea «ágil» y que las multas dependan de la capacidad económica del sancionado

Entre las conclusiones a las que llega el CES (en un dictamen con carácter previo, preceptivo y no vinculante), valora el hecho de que la instalación de veladores contribuye a convertir los espacios de uso público en lugares para la convivencia y las relaciones sociales, pero al mismo tiempo este aprovechamiento debe realizarse de «una forma ordenada a fin de garantizar los derechos relativos al uso de esos espacios públicos, tranquilidad y descanso, accesibilidad, seguridad pública así como la protección del medio ambiente».

En este sentido, «se echa en falta un análisis técnico que venga a avalar la compatibilidad de la accesibilidad y libre deambulación de los ciudadanos». Por ello, se solicita una especial cautela a la hora de regular aspectos, como las medidas de las mesas, pasillos interiores y pasillos exteriores de cara a salvaguardar el derecho a las personas con movilidad reducida.

Por otro lado y a fin de que determinadas zonas con alta densidad de establecimientos «no pierdan su personalidad y garantice su protección», las autorizaciones «deben establecerse con criterios de accesibilidad, contaminación acústica, ocupación del espacio público y convivencia, pero no por el tamaño del interior de los negocios». Y siempre mirando por el bien de la convivencia.

En relación al proceso de concesión de la licencia, el CES recuerda que «según experiencias acumuladas», se trata de «un procedimiento tedioso, excesivamente burocratizado y lento en cuanto a su resolución final». A tal efecto, «se propone minorar el plazo hasta los tres meses (en lugar de seis) y así modificar el silencio administrativo».

Por otro lado, y con el fin de evitar una subida descontrolada del número de veladores «es preciso establecer una limitación a dicha ocupación en función del aforo». Para ello, proponen limitarlo con un número máximo de metros o de mesas o un mix de ambas.

En su informe, el CES denuncia «la omisión regulatoria en torno a las plazas y otros espacios singulares», por lo que se solicita un estudio individualizado, atendiendo a su especial situación específica. En concreto, al margen de la prohibición especial de la Plaza Santa María, se considera conveniente establecer para zonas determinadas –como Bernabé Soriano, San Ildefonso, Dean Mazas- condiciones específicas para la instalación de veladores.

Otra recomendación de este órgano local pasa por introducir el principio de la capacidad económica del presunto infractor, por el que las sanciones económicas se fijan en función de la capacidad económica del condenado.

Del mismo modo, aprecian «multitud de exigencias y obligaciones para los establecimientos no contempladas en la normativa precedente, estableciéndose un marco regulatorio mucho más exigente», por lo que proponen que se plantee un período transitorio mayor pensando en aquellos establecimientos que hayan realizado su inversión recientemente y tengan que adaptarse.

También se hace referencia a los controles por parte de la policía, mediante la realización de las correspondientes inspecciones periódicas, con el fin de «consensuar y armonizar los derechos de disfrute y descanso de las personas».