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e. l.
Lunes, 8 de agosto 2022, 18:19
La Sociedad Gitana Española ha denunciado al alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, y al secretario del Ayuntamiento, al que responsabilizan del tapiado de dos de la cinco viviendas de las que, por temor a represalias, salieron huyendo familias gitanas a raíz del apuñalamiento mortal de un joven del municipio ocurrido el pasado 17 de julio a las puertas de pub donde la víctima, de 29 años, trabajaba como portero.
A través de un comunicado, han indicado que lo que han hecho ha sido ampliar la denuncia que remitieron a Fiscalía el pasado 25 de julio cuando ya pidieron que se investigara al alcalde de Peal del Becerro, David Rodríguez, a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, a la Policía Local y a «los autores materiales e intelectuales o instigadores de los ataques recibidos contra familias de etnia gitana».
Los altercados se produjeron en la noche del 18 de julio tras la manifestación pacífica convocada en Peal de Becerro para pedir justicia por la muerte del joven. Fue tras la disolución de la manifestación cuando grupos de personas se saltaron el cordón de seguridad de la Guardia Civil y volcaron los vehículos de los detenidos por el crimen y realizaron algunas pintadas sobre propiedades de las familias que allí viven.
Cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Civil, los asaltantes se dispersaron, pero un grupo se dirigió a la calle del Sol, donde residen familias de etnia gitana y sin ninguna conexión con los detenidos. Fue allí donde causaron daños a varias viviendas, todas ellas deshabitadas, e incluso se registró un incendio en una casa, al parecer provocado.
La asociación Sociedad Gitana Española piden ahora la investigación del alcalde y del secretario, a los que acusan de haber ordenado el tapiado de dos de las viviendas de la calle Sol y hacerlo «sin una orden judicial al respecto y sin seguir un proceso administrativo reglado».
En ello ven la comisión de supuestos delitos de «abuso de autoridad, prevaricación y obstrucción a la Justicia». Entienden que el tapiado de las casas, que fuentes municipales sostienen que estaban ocupadas de manera ilegal, supone «un intento de ocultación de medios de prueba al privar de esta manera a los investigadores recabar pruebas e información sensible del lugar de los hechos».
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali también denunció por escrito a la Fiscalía de Jaén los incidentes contra propiedades de familias gitanas, en lo que entendían que podría ser constitutivo de delitos de odio.
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