Investigan la agresión de un menor de 9 años a su maestra en Linares

Educación ha activado el protocolo por una posible agresión de un menor de 9 años a su maestra, la cual se encuentra de baja. Los hechos ocurrieron el pasado martes en un colegio de Linares, tras lo que se dio aviso aviso a Inspección, que activó el protocolo correspondiente y que sigue en contacto con comunidad educativa, directiva y profesorado.

El caso está siendo investigado a petición del centro educativo, que fue quien informó de los hechos. La docente acudió al hospital y recibió el parte médico, que también está en manos del hospital y el colegio.

Por su parte, la Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de la provincia de Jaén, órgano de representación del profesorado de la provincia de Jaén, con unanimidad te todas las organizaciones sindicales presentes CSIF, ANPE, USTEA, CCOO, APIA, CGT Y UGT, ha denunciado y condenado «enérgicamente la agresión a un docente del CEIP Los Arrayanes, de Linares, el pasado martes, 3 de diciembre, por parte de un alumno». «La Junta de Personal Docente quiere manifestar su apoyo y solidaridad a la compañera y mostrar su repulsa a todo tipo de violencia física y/o verbal en el ejercicio de la actividad profesional docente», añade.

Ante el aumento de la conflictividad en los centros educativos, la Junta de Personal Docente exige el cumplimiento de una serie de medidas como: la aprobación de la Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado (actualmente en anteproyecto de Ley en Andalucía), que otorga a los docentes la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como la presunción de veracidad; o la implantación de un protocolo de actuación iniciado de oficio por parte de la Administración Educativa, en coordinación con la Fiscalía de Menores, para actuar de forma efectiva y ágil ante la agresión a un docente por parte de un menor.

Propone también el establecimiento de medidas concretas que mejoren el amparo legal efectivo, con asistencia psicológica y jurídica al docente que haya sufrido daños físicos y/o psicológicos; el incremento del número de orientadores y educadores sociales; una oferta de formación al profesorado para dar a conocer mejor los protocolos cuando hay una agresión a un docente; el fomento mayor por parte de la Administración Educativa de la dignificación de la profesión docente, a través de campañas publicitarias; y el fomento de la convivencia en los centros dando una mayor importancia al programa Escuela espacio de Paz.

Por último, la Junta de Personal Docente quiere hacer un llamamiento a la sociedad de las consecuencias jurídicas de la agresión a un docente. «Agredir a un docente no sale gratis», indica, y puede tener consecuencias penales y civiles, por el reconocimiento de autoridad al profesorado, reconocida en las leyes orgánicas de educación LOMCE y LOE.