
JORGE PASTOR
Domingo, 24 de junio 2007, 05:08
Ahora que el Congreso de los Diputados comienza la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de de Desarrollo Rural Sostenible, cuyo principal objetivo es conseguir una diversificación económica en el campo que vaya más allá del sector agrario, la principal industria de nuestra provincia, la del aceite de oliva, también debate su futuro y afronta un proceso de reestructuración que le permita mantener su competitividad frente a las nuevas plantaciones, que producirán mucho más con muchos menos costes. Estudios de mercado revelan que por cada 0,4 euros gastados en cosechar un kilo de 'oro verde' en este tipo de fincas se pueden llegar a obtener unos ingresos de 3,5 euros, lo que supone rentabilidades cercanas al 90 por ciento. La pregunta es ¿está preparado Jaén para competir contra este nuevo modelo productivo?
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La respuesta es sí, pero sólo por el momento. Un informe elaborado por Asaja-Jaén, al que ha tenido acceso este periódico, pone de manifiesto que en los últimos cinco años el rendimiento de una explotación prototipo de la provincia, con 100 árboles por hectárea y una recolección de 2.200 kilogramos de aceituna, se ha incrementado en más de un 80 por ciento, concretamente en el 83,6 por ciento en el caso del secano y del 81,6 en el del regadío. Esta mejoría ha sido posible fundamentalmente por dos factores. En 2002 los precios medios no pasaron de los 1,6 euros por kilo, al recogerse sólo en Jaén más de 600.000 toneladas (la oferta fue mayor que la demanda y el sistema reaccionó con cotizaciones a la baja), con el agravante de que las ayudas se quedaron en 0,68 euros al sobrepasarse ampliamente la cantidad nacional garantizada para España (760.000 toneladas) y aplicarse los máximos porcentajes de penalización. En este 2007 que estamos viviendo la situación es bien distinta y mucho más favorable para el olivicultor, que hasta ahora ha podido vender su caldo a 2,55 euros (un 35 por ciento más caro que en 2002), y que además ha recibido casi un euro (0,93 euros) en concepto de subvención tras la entrada en vigor de la nueva Organización Común de Mercado y el cálculo de los incentivos en función de medias históricas más un 5 por ciento acoplado.
Así, mientras que en 2002 un olivar sin agua proporcionaba a sus titulares unos réditos de 83 euros por hectárea, en 2007 esta cifra se ha elevado hasta los 506 euros. Algo similar pasa con los que tienen riego, que han pasado de 149 euros por hectárea a 790 euros en la actualidad. Y todo ello con la tranquilidad de que la ficha financiera comunitaria (unos 421 millones de euros en Jaén) está garantizada hasta 2013, cuando expire el actual marco presupuestario y la Política Agraria Común. Y con la 'seguridad' que supone saber que el consumo mundial tampoco para de crecer.
Amenazas
Pero este panorama tan halagüeño se puede ver seriamente amenazado por varios motivos, que también han sido analizados por Asaja-Jaén. Por una parte, se pone de manifiesto la necesidad de iniciar ya un proceso de modernización de la oleicultura convencional, la que se practica en Jaén, que permita que en el plazo de tres o cuatro años el pez grande (el superintensivo) no termine comiéndose al chico (el intensivo). Para la organización agraria esta coyuntura, agravada por el hecho de que cultivos como el algodón y la remolacha están tocados de muerte tras sus respectivas reformas y están convirtiéndose en superficies olivareras, pasa forzosamente por la inyección de dinero público. Y como ejemplo de ello ponen lo que sucede con los viticultores, que reciben primas por arranque que oscilan entre 6.000 y 9.000 euros.
Otro aspecto que está repercutiendo de forma muy negativa sobre la cuenta de resultados de los agricultores es la subida de determinados 'imputs'. Tomando nuevamente como referencia el período de tiempo comprendido entre 2002 y 2007, observamos que los carburantes, por ejemplo, valen hoy día casi el doble. O los fitosanitarios, por los que se paga casi un 25 por ciento más. O la mano de obra, que se ha revalorizado casi un 17 por ciento. O el agua, que este verano costará casi un 1.000 por cien más que el pasado estío debido al sobrecargo de 132 euros por hectárea aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (90 euros de indemnización a otros cultivos situados en la parte baja de la cuenca por hacer uso de un bien sin tener derechos de aprovechamiento reconocidos más 42 euros de canon).
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