Ex directivos de Fedeoliva culpan de la ruina a la presión por cobrar de los socios

Pedro Lanagrán, que fuera vocal de comercialización de envasado de Fedeoliva y presidente de su exportadora satélite Expafe, eludió ayer cualquier responsabilidad en la quiebra de la cooperativa de segundo grado que fue bandera de la comercialización de aceite en Jaén durante la década de los 90 y principios de la actual, hasta su ruina en la primavera de 2005 por deudas de 43 millones de euros. «Nuestra idea era que Fedeoliva llegara hasta nuestros nietos», le dijo al juez de lo Mercantil que decide si la quiebra fue por los avatares propios de los negocios o por culpa de los rectores. Lanagrán admite que «había problemas» con el socio americano Robert Benedetti, pero señala que fue la «presión de los cooperativistas hacia los presidentes» para cobrar y que los rectores que los sucedieron a ellos decidieran disolver la sociedad en vez de seguir para adelante la que provocó la ruina. Defendió la 'teoría de la bicicleta': «Si paras de pedalear en una cuesta te caes».

«Fedeoliva era un proyecto a largo plazo. Tuvimos mala suerte en lo de Estados Unidos y se magnificó por voluntad de los socios», declaró el demandado ante el tribunal. Se cebó con los cooperativistas: «La gente suelta su aceituna en su cooperativa y a que les paguen. Si algo sale mal, el presidente es muy malo». En todo momento Lanagrán sostuvo que sostuvieron una política de bajos precios y promociones -no ventas por debajo de precio- para «ganar mercado y hacer marca». Para seguir pagando a los cooperativistas y mantener esta política recurrieron a préstamos millonarios. Cuando falló el negocio americano porque dejaron de entregar aceite todo se vino abajo «como un castillo de naipes».

Aún lanzó otro torpedo contra el sistema cooperativista, base de la economía del olivar jienense: «El agricultor que está en los olivos todos los días entendía esa política mejor que el que no es profesional -citó a profesionales liberales, funcionarios y otras profesiones ajenas al campo- al que le importan tres pepinos los olivos y lo que quiere son dineros».

El ex directivo negó en todo momento que él tuviese responsabilidades ejecutivas en Fedeoliva. Repitió mil veces que él «coordinaba» a los comerciales en la venta de aceite envasado -buena parte con destino a los Estados Unidos- y a acatar las órdenes que le daban los presidentes de las 15 cooperativas de la comercializadora, que eran -según su testimonio- quienes marcaban directrices y tomaban decisiones.

«Nunca se vendió a pérdidas. Hubo oscilaciones de mercado y se respetaron los contratos. Pensábamos en el futuro, en marcas con prestigio. Esa filosofía era compartida por la sección de comercialización y por todas cooperativas. Pero había mucha presión a los presidentes», declaró.

Acusaciones

Junto con el ex presidente, Manuel Villar, y el ex gerente, José Manuel Blanco, Lanagrán es el principal demandado en la pieza de responsabilidad civil que se comenzó ayer para dilucidar por culpa de quién se fue al garete Fedeoliva. Están acusados, además de ellos, otros once miembros de la anterior Junta Rectora.

La administración concursal que rige los destinos de la sociedad en su proceso de liquidación -sus activos ya están a la venta y hay al menos una oferta sobre la mesa- les acusa a los 14 de «gestión antieconómica, venta de aceite por debajo del coste de adquisición, apuntes contables que no se hicieron en los años 2001, 2002 y 2003, incumplimientos en la contabilidad, saldos de dudoso cobro a clientes y pérdidas por salidas de aceite no justificadas». Les reclaman nada menos que 3,3 millones de euros por su «nefasta gestión» al frente de los intereses de más de 7.000 cooperativistas jienenses. Y reclama que Villar y Lanagrán paguen con su patrimonio personal en caso de que de la liquidación no cubra el total de la deuda. Se pide además que todos los miembros de la ex Junta Rectora y el gerente sean inhabilitados para gestionar patrimonio ajeno.

Los demandados argumentan sin embargo que cuando se fueron la sociedad no estaba en quiebra. Que los que los que les sucedieron dejaron de pedalear. De hecho, en la vista de ayer salió a relucir un informe que asegura que los activos son mayores que los pasivos. Concretamente, cuando se entregó a concurso, podría hablarse de una cantidad de alrededor de diez o doce millones de euros a las deudas de la sociedad hoy en liquidación y entregada en manos de un juez y una administración concursal.

El magistrado Luis Shaw Morcillo, titular del juzgado de primera instancia número 4 de Jaén que lleva los asuntos mercantiles. tuvo que soportar ayer un aluvión de críticas de los letrados de la defensa por supuestos errores de procedimiento, prueba de lo intrincado de la causa. Este juzgado sólo dirime la parte mercantil del pleito. «Este procedimiento civil nada tiene que ver con la procedimiento penal. Aquí no se enjuician delitos, sino la administración fue negligente o dolosa» dijo Shaw Morcillo nada más comenzar la vista.