Drones y técnicos de Hacienda peinarán otros 19 pueblos a la caza de bienes no declarados

Piscinas de las que el Ayuntamiento no tiene conocimiento, obras de ampliación o viviendas construidas en terreno rústico han sido el objetivo del Ministerio de Hacienda desde el año 2013, momento en el que el Gobierno inició un plan para detectar estos bienes que, si bien son legales, no están declarados y por tanto no figuran en los catastros de cada municipio. A día de hoy, más de sesenta localidades jienenses ya han sido sometidas a esta inspección con la que se pretende combatir el fraude y que se traduce, por ejemplo, en que la recaudación del IBI se incremente en cada ciudad, o que los propietarios paguen las tasas o licencias municipales que hasta ahora no abonaban.

De hecho, y según fuentes del Ministerio de Hacienda, en las localidades jienenses el Catastro ha destapado incorrecciones en un 8,6% de los inmuebles revisados. De media estos han incrementado en cerca de 178 euros el IBI, más 474 euros por atrasos.

Durante este año 2017, el Ministerio de Hacienda espera finalizar el plan, por lo que enviará a sus técnicos para analizar a un total de 1.272 localidades en todo el país. Entre ellos se encuentran 19 municipios jienenses que se habían librado de esta inspección que se concibió como un procedimiento por etapas. Según los plazos que maneja el Gobierno, con los análisis de este año el denominado plan especial de inspecciones concluirá como muy tarde a principios de 2018.

Los 19 municipios

En la lista de localidades que todavía quedan por inspeccionar en la provincia se encuentran Alcaudete, Arjonilla, Campillo de Arenas, Castillo de Locubín, Fuerte del Rey, Hinojares, Hornos, Ibros, Linares, Lopera, Mancha Real, Marmolejo, Montizón, Noalejo, Santiago Pontones, Siles, Úbeda, Villarrodrigo y Villatorres, municipios por los que incluso sobrevolarán los drones del Gobierno para retratar desde el cielo las viviendas en busca de estas construcciones no declaradas, que pueden ir desde terrazas, hasta balcones, pasando incluso por plazas de aparcamiento que se hayan puesto en pie sin declararse.

Por tierra y aire

Las imágenes tomadas por los drones junto con los datos de los estudios fotográficos del Plan Nacional de Ortofotografía delMinisterio de Fomento, así como los resultados del trabajo de campo de los técnicos darán las claves para detectar estos bienes, que se inspeccionarán así por tierra y aire.

En el caso de Linares, Úbeda o Mancha Real, localidades con una densidad de población importante, da pie a pensar que la recaudación del IBI puede aumentar de forma considerable.

Después de que los técnicos hayan concluido su trabajo y tal y como figura en el Portal de la Dirección General del Catastro, los investigadores enviarán a cada Ayuntamiento una lista de infractores. Cada consistorio será el encargado de remitir a los afectados un informe con su situación, que quedará saldada después de que se abonen las tasas de los últimos cuatro años, según asegura también el propio Laborda. De forma paralela, los propietarios tendrán que pagar 60 euros en concepto de tasa fija de regularización, de multa, una resolución que puede ser recurrida ante el Tribunal Económico Financiero.

Jaén es la provincia andaluza en la que más pueblos van a ser revisados. En el caso de las piscinas también se encuentra a la cabeza, después de Granada, que se va al 20% de los inmuebles, siendo con Barcelona la que más construye de forma fraudulenta de todo el país. En total más de 3.800 piscinas ilegales que han salido a la luz gracias a los drones este plan. El dato corresponde con la última fecha publicada del propio plan de regularización, que vio la luz el pasado 20 de julio de 2016.