Juzgan a dos empresarios de Quesada acusados de estafar con un curso de formación de la Junta

Según sostiene el Ministerio Fiscal, a los acusados, un matrimonio que dirigía una academia de formación en Quesada, la Junta de Andalucía concedió una subvención en el año 2011 de 105.750 euros para realizar un curso de peluquería, sin compromiso de contratación. Dicho curso se impartió de febrero a noviembre de 2011.

El expediente de este curso es uno de los que fueron investigados por la Policía Nacional en Jaén cuando se destapó la operación Edu. Fruto de estas investigaciones, el caso ha finalizado con los dos empresarios sentados en el banquillo y negando cualquier tipo de irregularidad.

Desde Fiscalía se apuntan irregularidades como haber facturado a cargo de la subvención el alquiler del local cuando éste era de su propiedad y además, hacerlo con dos meses, enero y diciembre, en los que no se estaba impartiendo el curso. Factura por el alquiler de 15 ordenadores que las alumnas nunca vieron en la academia o facturas por trabajos en el local que, según Fiscalía, no constan como realizados, son algunas de las cuestiones que han llevado a encausar a estos dos empresarios vecinos de Quesada.

Todos estos problemas detectados llevaron a la Junta de Andalucía a reducir el importe de la subvención concedida, que finalmente se quedó en 93.000 euros.

Además, la abogada de la Junta de Andalucía personada en el caso ha centrado en demostrar que algunas de las alumnas recibieron el diploma del curso sin apenas haber ido a clase y que era práctica habitual que algunas alumnas firmaran a otras los partes de asistencia.

La acusada J.N.Z. ha declarado que era ella la que personalmente impartía la formación teórica y práctica del curso porque tiene titulación para ello. Ha rechazado cualquier tipo de irregularidad y ha defendido que todos «los papeles» se los llevaba una gestoría y que ella se limitaba a mandarle todas las facturas.

Por su parte, su marido, ha justificado que recibieron muchos pedidos por adelantado para poder iniciar el curso, pero que se les facturaron casi al final porque «al principio no teníamos dinero» para el desembolso que había que hacer. Es por eso por lo que, según su versión, un mes antes de acabar el curso se facturan 800 botes de champú, que habían sido utilizados durante todo el periodo de formación.

«Todos los requisitos que pidió la Junta para poder dar el curso estaban allí», ha indicado J.N.Z., al tiempo que ha defendido que los ordenadores estuvieron allí, pero que finalmente no se utilizaron.

Por estos hechos, el Ministerio Público pide que se les imponga una pena de dos años y medio de cárcel por un delito de estafa y el pago de una multa de 4.800 euros.