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LORENA CÁDIZ
JAÉN
Miércoles, 3 de octubre 2018, 01:05
Dos años antes de que Sara María de los Ángeles, Sarayma, fuera asesinada, presuntamente, a manos de su expareja en Úbeda, la víctima había puesto una denuncia contra su agresor y había reclamado medidas de protección.
Fue concretamente el 12 de noviembre de 2016 cuando ella presentó una denuncia por algo que había ocurrido el 15 de octubre de ese mismo año. Un día después, la denuncia entró en el Juzgado número 1 de Úbeda, especializado en temas de violencia de género. Sarayma prestó entonces declaración, acompañada de su abogado y reclamó una orden de protección. Pero tras escuchar sus palabras, a su caso se le dio una valoración de riesgo baja y ese mismo día 13, la fiscal pidió que no se acreditara su protección. La juez entendió también que no era necesaria y fue todavía más allá decidiendo por su cuenta sobreseer el caso. Es decir, directamente lo cerró sin que hubiera ningún tipo de investigación. Esta decisión sí fue adoptada contra del criterio de la fiscal, que entendió que no debía sobreseerse. La víctima recurrió esa decisión y la fiscal apoyó su recurso, aunque finalmente no prosperó.
Y todo ello, según fuentes cercanas al caso, a pesar de que Sarayma narró en su declaración episodios como que su expareja la había dejado encerrada y sin comer.
Era la primera vez que la mujer, de 41 años y natural de Arahal (Sevilla) denunciaba malos tratos y lo hacía unos días después de que su hija, acompañada de su padre, ahora detenido por haberla matado, presentara una denuncia contra Sarayma por agresiones a sus hijos, por unos hechos ocurridos el mismo 15 de octubre en el que Sarayma aseguró que había sido agredida por su expareja.
Tanto la denuncia de malos tratos de Sarayma, como la de su hija llegaron a manos de la magistrada titular del número 1 de Úbeda, que es la misma que ahora instruye el caso por la muerte violenta de la mujer. Fue ella la que decidió cerrar el caso de Sarayma, y quien tomó la decisión de decretar una orden de alejamiento de la mujer respecto a sus hijos y a su expareja. También acordó dar la guardia y custodia de los niños, de 4 y 13 años de edad, a su padre, a raíz de la denuncia de la hija. No era la primera vez que la hija denunciaba a su madre. Ya lo había hecho en agosto de ese año, pero entonces se sobreseyó el caso. La primera vez lo hizo en solitario, pero la segunda vez presentó la denuncia junto a su padre. El juicio estaba previsto para el próximo 10 de octubre.
El hecho de que Sarayma presentara denuncia contra su expareja después de que su hija y él la denunciaran a ella pudo haber jugado en su contra, en lo que a credibilidad ante la juez se refiere.
Han pasado doce días desde que Sarayma muriera asesinada y de momento la magistrada del número 1 sigue manteniendo el secreto de sumario, algo poco frecuente en este tipo de casos. Se sabe que la expareja de Sarayma, Manuel E. V., de 51 años, está en prisión provisional, comunicada y sin fianza, pero no se ha dado a conocer si se le acusa del delito de asesinato u homicidio. «La calificación definitiva del delito (asesinato u homicidio) se producirá en el transcurso de la instrucción de la causa o en el momento de la presentación de los escritos de acusación de las partes. La causa está declarada secreta», explicaban desde el TSJA.
También se dio la particular circunstancia de que la magistrada del número 1 de Úbeda no quiso decretar el caso como violencia de género en un principio, a pesar de que la misma noche del crimen, las autoridades habían convocado ya una concentración para el día siguiente en repulsa por los hechos. No fue hasta el lunes (los hechos ocurrieron el viernes por la tarde) que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó que se trataba de un caso de violencia machista.
Sarayma fue asesinada en el domicilio en el que su presunto agresor vivía con los dos hijos menores de ambos, de 4 y 13 años de edad, situado en el número 11 de la calle Vandelvira de Úbeda. La mujer tenía dos hijas más de 17 y 20 años de edad, con otra pareja anterior. La autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Jaén no arrojó indicios de degüello, tal y como llegó a comentarse en las primeras horas. Según las líneas de la investigación, el cuerpo presentaba lesiones atribuibles a un golpe violento en la cabeza, compatible con un objeto pesado.
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