Unos 800 estudiantes de Derecho tendrán que repetir tres exámenes porque un grupo copió

La Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución universitaria ha informado que se ha decidido «suspender el cierre de la evaluación de algunas asignaturas a la espera de que se esclarezcan algunas irregularidades en la realización de determinados exámenes». Agregó que «tan solo queda por realizar un último examen que ha sido convocado en modalidad oral, que es una de las previstas en la normativa universitaria».

El decano de Derecho explicó que algunos estudiantes han presentado ya un escrito para impugnar el examen oral que se ha convocado. Olmedo, que está en contacto permanente con el director del departamento de Derecho administrativo, el catedrático Estanislao Arana, adelanta que para «situaciones extraordinarias, se deben tomar soluciones extraordinarias». Deja claro que en la facultad «no podemos mirar para otro lado». No puede permitir que se hagan esas trampas y deben velar porque la evaluación sea limpia.

En el caso de los exámenes del departamento de Derecho administrativo pueden estar afectados al menos 800 estudiantes (de varios grados), que deberán repetir –según se está planteando- las pruebas, en este caso de forma oral. El alumno que había estudiado y ha visto como otros compañeros habían aprobado sin esforzarse denunció lo ocurrido ante la Universidad y ahora está en proceso de investigación.

Olmedo explica que el proceso que habrían seguido los estudiantes que copiaron (no tienen el número de cuántos son los que no jugaron limpio) se basa en que a través de grupo de whatsApp ir pasando las preguntas. Los exámenes de las diferentes asignaturas fueron tipo test con preguntas aleatorias. Así, la cuestión uno para un estudiante podía ser la cinco para otro. O la dos para uno, la diez para otro. Con el sistema que habían montado no podían copiar el cien por cien, pero sí de un alto porcentaje, al tener tiempo para buscar las respuestas correctas que sus compañeros ya tenían. Todo un operativo que puede salir caro a todos.

En esta convocatoria del curso más raro debido a la pandemia, el porcentaje de aprobados en el departamento de Derecho administrativo había sido más alto que otros años (lo habitual es que el número de suspenso sea alto). No obstante, eso les podía hacer sospechar, pero no tenían pruebas hasta que fue un estudiante el que dio la voz de alarma, según detallan desde el centro universitario.

Desde el departamento de Derecho administrativo se envió el lunes, según se ha publicitado en algunas redes, un comunicado en el que se informaba a todos los alumnos que, «tras haber recibido pruebas fehacientes de un evidente fraude en la realización de los exámenes tipo test online de asignaturas responsabilidad del departamento de Derecho administrativo, así como de otros departamentos de la Facultad de Derecho, se ha abierto una investigación oficial. En consecuencia, queda en suspenso la finalización del procedimiento de evaluación de estas asignaturas a la espera de lo que resulte de dicha investigación por parte de la Inspección de Servicios de nuestra Universidad».

En este escrito iban un paso más allá y apuntaban a que ha podido haber trampas en exámenes de algunos otros departamentos de la facultad de la plaza de la Universidad. En este extremo el decano dijo que no tienen, de momento, pruebas «fehacientes» de que haya ocurrido en otras asignaturas. En Derecho administrativo tienen más que indicios.

Ahora deberán planificar cómo evalúan a al menos 800 estudiantes de forma oral. En el departamento son treinta profesores, pero examinar a tantos universitarios puede suponer varios días.

Inspección de Servicios deberá pronunciarse en los próximos días. Desde la Delegación General de Estudiantes de la Universidad granadina, han mostrado su «malestar con la actuación de la Inspección de Servicios, ya que esta celeridad y eficacia no se ha producido ante las quejas interpuestas desde los estudiantes hacía distinto miembros del sector del personal docente e investigador». Javier Torres, coordinador del órgano de representación, explicó que están llamando a estudiantes a la Inspección de Servicios.

En esta línea, desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que hay estudiantes afectados por el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, denuncian que la Inspección de Servicios ha llamado a alumnos «de manera aleatoria en base a un grupo de WhatsApp en el que estaban» y lamentan que se les «haya amenazado con expulsarlos» y dicho que «no podían consultar a organismos como la delegación, cuando está permitido que puedan ir acompañado de cualquier asesoría que el compareciente designe».