Son los investigadores más influyentes en políticas públicas, pero todos coinciden en que los políticos les deben escuchar más y que la evidencia científica esté ... presente en la gestión y las leyes. Un ranking pionero elaborado por la Universidad de Granada (UGR) ha analizado su impacto en la formulación de políticas públicas.
En primer puesto está Jorge Castro, catedrático de Ecología; en segundo, Regino Zamora, catedrático del mismo departamento. Nicolás Olea, profesor emérito del departamento de Radiología y Medicina Física está tercero. Y Francisco Ortega, Educación Física y Deportiva, sexto. Todos acuden a la sesión fotográfica de este reportaje. Mariana F. Fernández, catedrática de Radiología y Medicina Física, está en quinto puesto, pero no pudo estar porque estaba dando clase. Y, en cuarta posición está Santiago Carbó, que ya no está en la UGR.
Entre los cuatro que intervienen en este reportaje, los hay que han participado en informes de gobiernos nacionales y autonómicos como es el caso de Regino Zamora. Otros como Jorge Castro, nunca ha trabajado codo con codo con las administraciones. Y, otros que lo han hecho con instituciones europeas como Olea. Ortega también lo ha hecho a nivel internacional. Castro y Zamora lamentan que los temas medioambientales son los que más tardan en implementarse, en ocasiones hasta treinta años. «A veces parecemos floreros», critica Zamora.
En lo que coinciden los cuatro, verbalizado por Olea, es en que la Universidad granadina les ha dejado hacer lo que hemos querido. «Es un lujo poder trabajar en la Universidad de Granada». Zamora reivindica que la transferencia «no sea flor de un día». Sobre los sistemas de evaluación, Zamora y Castro defienden que son la profesión más evaluada: «Estamos en una evaluación continua». Entre las muchas reivindicaciones, la principal es que se desarrollen políticas públicas con base científica, Zamora lo dice gráficamente: «Son cosas elementales, si una olla que hierve sale vapor en el Mediterráneo está pasando». Castro remata: «Hay cuestiones que se pueden aplicar pronto».
Jorge Castro trabaja en temas de restauración ecológica de ecosistemas forestales, con especial énfasis en restauración post-incendio, mitigación del impacto del cambio climático, y conservación de la biodiversidad. En su opinión «no se escucha lo suficiente a los investigadores. Esto no se debe necesariamente a una falta de interés por parte de los políticos o gestores, sino por una falta de cultura científica. No estamos acostumbrados, ni unos ni otros, a transferir. Esta falta de cultura científica se traduce en que tampoco existe una figura (o más de una) laboral que haga de nexo entre lo que producen los científicos y lo que se necesita para la implementación en la sociedad de ese conocimiento».
Pone un ejemplo: «En mi campo de trabajo podemos descubrir que despojar de madera quemada una repoblación de pinos que se ha quemado resulta negativo para la regeneración, pero no hay cauces fluidos y fáciles para transmitir ese conocimiento. Todo queda a la buena voluntad de los científicos y de los gestores».
También señala que, en ciertos casos, «existe un problema de aceptación por parte de poderes públicos o privados. La ciencia genera conocimiento que muchas veces no es cómodo».
Regino Zamora ha colaborado con las administraciones públicas responsables de la gestión ambiental desde que empezó a investigar en UGR, hace cuatro décadas. Sus investigaciones han servido para mejorar la conservación y restauración de los ecosistemas en escenarios de cambio global, y han influido en la toma de decisiones y el desarrollo de normativa ambiental y su aplicación a diferentes escalas. El listado es amplio, a nivel local, con el Parque Nacional de Sierra Nevada, y otros espacios protegidos de Granada; autonómico, de forma permanente con la Junta de Andalucía; nacional con el Organismos Autónomo Parques Nacionales y Ministerio de Transición Ecológica; e internacional en varios. Como colectivo cree que las opiniones de los investigadores sí están bien valoradas. Advierte que son escuchados, sin embargo, «escuchar no garantiza una puesta en práctica de lo escuchado, sobre todo cuando hay muchos intereses contrapuestos en conflicto».
Además, la mayoría de las veces el contacto entre investigadores y gestores se establece a nivel personal, pocas veces se da el paso de hacerlo a nivel institucional. Lo que lamenta.
Nicolás Olea muestra su sorpresa por este informe y agradece que se haya hecho. Llevan en su grupo más de treinta años –en su caso particular ya son 46– estudiando los efectos de la exposición humana a contaminantes ambientales. Sus investigaciones han influido en las decisiones tomadas por organismos internacionales y gobiernos en Europa y América, incluida la propia UE. Por el Gobierno de España sido muy limitado.
«No obstante, algunas de nuestras recomendaciones acaban llegando a España. Es un proceso incomprensiblemente largo e ineficaz», se queja. «Ese retraso en la transformación del conocimiento en legislación es irritante y tiene consecuencias negativas sobre la salud humana y ambiental», critica. Dice que «solo el conocimiento científico puede orientar las políticas reguladoras del Estado».
Francisco Ortega centra su principal aportación en las recomendaciones de actividad física mundiales en las que la OMS seleccionó a un grupo de 25 expertos de diferentes países del mundo y él representó a España en dicho comité. Teniendo impacto en muchos países en el mundo. Ha estado también de asesor en las recomendaciones de actividad física elaboradas por el Ministerio de Consumo (Alimentación y Actividad Física Saludable), así como las recomendaciones del Ministerio de Salud.
«La ciencia es el motor de la generación de conocimiento, y el conocimiento a su vez el motor del cambio social», expresa.
Valora que la ciencia y la política a menudo son «mundos muy separados», aunque considera que hay «más concienciación por ambas partes de la importancia y necesidad de interaccionar».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.