Dimisión, carrera y esperpento

Al Gobierno de Mariano Rajoy no le faltan situaciones susceptibles de empeorar. Esta semana el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, se ha plantado y presentado su dimisión. El nombramiento del cargo es potestad del Ejecutivo, pero el Estatuto de la Fiscalía recoge la imparcialidad de quienes trabajan como representantes del ministerio público. Me quedo con que tanto él como todos sus inferiores jerárquicos no actúan de manera arbitraria u oportunista, sino sobre la base del cumplimiento de la ley y defensa de los derechos y libertades. Otra cosa es que sus actuaciones, como las de los jueces, gusten mucho, poco o nada al Gobierno.

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