Puigdemont asume ya que el catalán no será oficial en la UE este año pero descarga al Gobierno

Puigdemont ha argumentado en la red social X que lo importante es que el asunto «continúa en la agenda». «Que la idea inicial de que se llegara al final de la presidencia española del Consejo de la UE con la aprobación de la oficialidad del catalán no haya sido posible no significa que las opciones de lograrlo hayan desaparecido por este hecho», ha esgrimido el ahora eurodiputado. «El camino iniciado es irreversible -insiste-, aunque se necesario más tiempo».

El expresident ha atribuido además al PP y su campaña para «españolizar» la política europea buena parte de las reticencias con las que se ha topado la propuesta por parte de algunos Estados miembros y ha agradecido de manera expresa al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, su trabajo, aunque también le ha instado a seguir rebatiendo hasta el final la que parece ser, dice, la principal objeción de los servicios jurídicos del Consejo a la medida: que exigiría reformar los tratados de la Unión. «Existen informes jurídicos independientes y de gran solvencia que desmienten rotundamente la posición de los servicios jurídicos del Consejo, por lo que es necesario luchar de manera más desacomplejada y proactiva» esgrime.

El Consejo de Asuntos Generales de la UE, que se reúne hoy por última vez bajo presidencia española, tiene previsto debatir la propuesta sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, pero no habrá una votación sobre el asunto, precisamente, porque el Ejecutivo consideró que no existían todavía garantías de éxito. Su propósito al mantener la cuestión en el orden del día es dejar constancia de que la propuesta sigue viva para pasarla a Bélgica, que es quien asume la presidencia rotatoria del Consejo a partir del 1 de enero, y hacer ver a sus socios independentistas que está dando seriamente la batalla acordada aunque no cuente con ganarla de inmediato.

En vísperas del encuentro, el ministro de Exteriores hizo llegar ya a sus homólogos europeos una carta en la que detalla las condiciones que tendrán que cumplir otras lenguas minoritarias para obtener el mismo reconocimiento que España pide para las lenguas cooficiales de Cataluña, País Vasco y Galicia. Con ello, trata de vencer las reticencias de países como los bálticos, que temen que la iniciativa aliente a las minorías rusófonas de su territorio.

Albares ha venido defendiendo desde el primer día que la propuesta de España no plantea ningún riesgo para terceros países porque su está planteada de manera que ninguna otra lengua podrá ampararse en ella. En la carta al resto de ministros de la UE, a la que ha tenido acceso este diario, detalla una por una cuáles son las condiciones que habría que cumplir, para tratar de disipar las dudas existentes. Pero este no ha sido su único esfuerzo. Hace diez días también remitió a todos los embajadores de España en países de la UE un documento con argumentos similares para que intenten captar apoyo a su iniciativa.

Los requisitos a los que se apunta en la misiva son: que la lengua sea originaria de un Estado miembro, lo que dejaría fuera al ruso; que esté reconocida por la Constitución del país; que haya en los archivos del Consejo una copia traducida en esas lenguas, como es el caso del catalán, el gallego y el euskera; que sea lengua de trabajo en el Parlamento nacional de un Estado miembro, como lo son, desde el pasado septiembre, las tres lenguas habladas en España, y que el Estado miembro se haga cargo de los costes de su uso.

En la actualidad hay ya 24 lenguas oficiales en la UE y para que se reconozca esa condición a otra u otras nuevas es necesaria la unanimidad de los Veintisiete. Aunque el Ejecutivo remarca que ningún Estado se ha opuesto como tal a su propuesta, sí admite que en algunos casos existen dudas y temor a generar precedentes problemáticos. Y es ese obstáculo el que Albares trata de salvar. «Estos requisitos establecerían un marco claro con normas exigentes para cualquier reforma futura de dicho Reglamento», remarca en la carta a sus homólogos.

El compromiso de hacerse cargo de todos los costes de la medida es otro factor a tener en cuenta. En un informe preliminar, la Comisión Europea ha calculado ya que la implantación del catalán, el euskera y el castellano como oficiales costaría a España unos 132 millones al año, 44 millones por lengua en traductores, intérpretes y adaptación de las bases de datos y los sistemas técnicos.