Ayuso anuncia nuevas restricciones tras el fallo que tumba el cierre de Madrid

Vuelta a la casilla de salida. O sea, a prácticamente la misma situación que vivía la Comunidad de Madrid hace una semana antes de que el Gobierno central y la administración regional se enzarzaran en la guerra por el cierre de Madrid. Una 'victoriosa' Isabel Díaz Ayuso, ganadora de esta lid contra todo pronóstico, anunció hoy que tiene previsto volver a partir del viernes a imponer restricciones en la comunidad, después de que del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) asestara al Gobierno de Pedro Sánchez el mayor varapalo judicial de toda la pandemia al negarse a avalar el encierro al que desde el pasado viernes están sometidos los casi cinco millones de madrileños que viven en la capital de España y en los diez municipios más poblados de la región.

Ayuso, que no aclaró si volverá a la demarcación de zonas básicas sanitarias (ZBS) con mayor incidencia para limitar los movimientos, en cualquier caso sí que tendrá que imponer nuevas normas de limitación de aforos la restauración y otros lugares públicos y privados que hoy quedaron automáticamente en suspenso después de que el TSJM haya fallado que el departamento que dirige Salvador Illa no puede limitar derechos fundamentales (particularmente el de la libertad de movimientos) a través de una simple orden basada en una ley -no orgánica y además de carácter principalmente técnico- que no permite tales restricciones, ni siquiera para salvaguardar la salud pública.

La presidenta, que dijo que entre este jueves y el viernes se conocerá la nueva normativa, tendió la mano a Illa para pactar contrarreloj esas medidas consciente de que en Moncloa la opción de imponer unilateralmente un estado de alarma en la región siempre ha estado presente. Y entre tanto, Ayuso pidió a los madrileños que no abandonen la ciudad aprovechando el caos jurídico reinante, al tiempo que reveló que el Gobierno autonómico ha retirado la petición de medidas cautelares en la Audiencia Nacional para «evitar más confusión». La presidenta aseguró que las medidas que dictará su administración serán «sensatas, justas y ponderadas».

Esta derrota judicial del Gobierno central en su particular guerra con la Comunidad de Madrid tras imponer los confinamientos en contra del criterio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había abierto de forma automáticamente un horizonte lleno de incógnitas, sobre todo, porque la resolución de hoy se trata de un auto ejecutivo, esto es que, aunque puede ser recurrido en reposición ante los mismos magistrados o en casación ante el Supremo (cosa que tiene previsto hacer Sanidad), la resolución levanta las restricciones de forma automática

La administración regional se va a apresurar a aprobar las nuevas medidas sobre todo de restricción de movimientos especialmente con vistas al inminente inicio del puente del Pilar, en el que los responsables del Ministerio de Sanidad, todavía en shock por un revés judicial que no se esperaban, pretendían frenar el éxodo con la orden de cierre declarada ilegal este jueves.

Ayuso vuelve al sistema de áreas sanitarias con el aval, además, de los jueces. Y es que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ precisa que el confinamiento del 70% de la población de la comunidad «difiere sustancialmente» del aislamiento selectivo de las zonas sanitarias básicas que decretó a finales de septiembre y principios de octubre el Gobierno de Díaz Ayuso basándose en sus competencias sanitarias. En esta última ocasión, explican los magistrados, se trata de que el Gobierno central ha usado directamente una normativa ( la recién reformada Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud) para dictar la orden de cierre, cuando este texto «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales».

Y los magistrados recuerdan al Ejecutivo de Sánchez que el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que dio luz verde a los confinamientos en las ciudades de más de 100.000 habitantes y la orden de Sanidad que disponía el cierre citan exclusivamente el artículo 65 de esa ley sanitaria como justificante legal de esa imposición.

Ese artículo 65 al que invocó el departamento de Salvador Illa permite, efectivamente, al Gobierno una serie de prerrogativas para «responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública», tales como la «activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias», la «utilización común de instrumentos técnicos» de las comunidades o la «definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre problemas de salud». Pero ese precepto, en ningún caso, faculta al Ejecutivo central a recortes de derechos fundamentales, que deberían tratarse, como mínimo, en una ley orgánica.

En resumidas cuentas, el TSJM entiende que Illa no puede confinar a cinco millones de personas a través de una simple orden basada en una ley de salud que solo contempla temas técnicos y de coordinación entre administraciones. Según los jueces «queda al margen de la finalidad» de ese texto« autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación», como demostraría «el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma».

El Superior madrileño aprovecha su auto para denunciar el error a la hora de reformar esa normativa sanitaria, sabedor de que la limitación de derechos fundamentales solo puede hacerse por ley orgánica. Según los jueces, «resulta llamativo» que «ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia de la covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país«. Y ello a pesar del »consenso doctrinal existente« de que no se pueden limitar derechos fundamentales a golpe de decretos basados en leyes de menor rango que las orgánicas.

La inesperada negativa de la justicia madrileña a ratificar el confinamiento perimetral de la capital de España y el resto de los municipios deja en un limbo legal la mayor cuarentena puesta en marcha en el país durante la segunda ola de esta pandemia.

De hecho, ese visto bueno del TSJM –que no se ha producido- a la orden de Salvador Illa de perimetrar los municipios madrileños de más de 100.000 habitantes y con altas tasas de contagios era la señal que esperaban las autoridades nacionales, autonómicas y locales para ordenar a sus respectivas policías que comenzaran a sancionar a los ciudadanos que se salten los confinamientos. Las tres administraciones, que habían pactado no multar hasta no conocer si los tribunales refrendaban los encierros, consideraban indispensable poder sancionar este fin de semana para poder frenar el posible éxodo de madrileños durante el puente del Pilar. Ese operativo queda ahora totalmente en suspenso.

La noticia del varapalo judicial sin precedentes cogió a contrapié al Ministerio de Sanidad y a la propia Moncloa, convencida de que la justicia, que ya había avalado los confinamientos parciales de la comunidad y que había echado por tierra las maniobras judiciales de Vox para intentar paralizar el cerrojazo de Madrid, iba a dar por buena su orden.

Pedro Sánchez, desde Argelia, donde le sorprendió la noticia, no descartó de forma rotunda un nuevo estado de alarma: «se tomarán medidas acordes con desafío», dijo. No obstante, admitió que el Parlamento se lo puso muy difícil para prorrogar el estado de alarma y apostó por llegar a una solución consensuada con la Comunidad.

«El Gobierno de España ha tratado siempre de defender la salud pública. Las decisiones que hemos tomado tienen un sustento técnico y científico y cuentan con el aval del Consejo Interterritorial. Vamos a analizar la sentencia, entre hoy y mañana se reunirá el grupo de la covid, y veremos el camino que tenemos que tomar. Consideramos preocupantes las cifras del covid y tenemos que poner todos los instrumentos sobre la mesa, sustentando todas nuestras decisiones en criterios científicos, técnicos y siendo proporcionales», explicó el presidente.

Illa, por su parte, de inmediato pidió una reunión del grupo de coordinación con la Comunidad de Madrid para analizar como volver a activar las cuarentenas. «El plan A, el plan B y el plan C es proteger a la salud pública, basándonos en las recomendaciones de los expertos. Así lo hicimos en la Comunidad de Madrid. Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios.Nos importa muy poco cualquiera cuestión que no sea la salud de los ciudadanos», aseguró el ministro, quien garantizó que el Gobierno tomará las «medidas jurídicas» pertinentes tras el no del TSJM a respaldar los confinamientos. Entre estas medidas, por supuesto, estarán unos recursos ante el propio TSJM y ante el Supremo que no suspenderán la orden de la justicia de levantar las restricciones.