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Dos prórrogas, un debate jurídico, un decreto fallido y una negociación al límite entre PSOE y Junts con la viabilidad de la legislatura en el aire han sido necesarias para que la Mesa del Congreso dé luz verde a la proposición no de ley (PNL) ... con la que Carles Puigdemont quiere instar a Pedro Sánchez a «considerar la oportunidad» de someterse a una cuestión de confianza. Una iniciativa que no será vinculante para el presidente del Gobierno, el único que tiene la prerrogativa para presentar esta forma de evaluación parlamentaria, pero que, de forma inédita en democracia, convertirá una PNL en instrumento para medir la fortaleza de un Ejecutivo. Un termómetro a merced de la oposición y de las diferencias –cada vez mayores– con los socios del llamado bloque de investidura y de los junteros, cuyo pulgar arriba o abajo tendrá, una vez más, la última palabra en la votación.
El órgano rector de la Cámara baja, donde los socialistas y Sumar tienen mayoría, aprobó este martes llevar la iniciativa –anunciada en diciembre por Carles Puigdemont como mecanismo de presión– a un pleno cuya fecha dependerá del cupo de los grupos parlamentarios; concretamente del turno que corresponde a Junts para presentar proposiciones no de ley en los próximos meses. Se sopesan dos fechas: la sesión que comienza el 25 de febrero si Esquerra renuncia a su tanda; y si los republicanos no lo hacen, la proposición se debatirá dos semanas más tarde, el 11 de marzo.
Se trata de un pulso que viene de largo y que ha marcado las últimas negociaciones entre PSOE y Junts. Los de Puigdemont, con la firma de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, registraron su proposición no de ley original el 9 de diciembre y desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su posterior debate. No obstante, y a instancias del PSOE, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta en dos ocasiones autorizar su tramitación en una maniobra parlamentaria sin precedentes.
No fue hasta que Junts tumbó –junto a PP y Vox– el decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte y la ayudas a los afectados por la dana, este 22 de enero, cuando el PSOE se abrió a canjear el apoyo de los junteros a un nuevo paquete de medidas por la tramitación su propuesta para debatir en el Congreso sobre la cuestión de confianza. El nuevo decreto se debatirá en el hemiciclo antes, el miércoles 12 de febrero.
Los socialistas acordaron con Junts una nueva redacción del texto, que originalmente instaba directamente al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza, para dejarla en que «considere la oportunidad» de plantearla y admitiendo lo obvio, que solo Sánchez tiene la potestad de activarla. Pero esta reformulación no variaba lo mollar de la pretensión de los independentistas, que es la la celebración del debate.
El PP, por su parte, calificó este martes este tira y afloja de «vodevil» cuando, como recordó en rueda de prensa su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, los socialistas han terminado aceptando la exigencia de Junts. «La iniciativa de Junts pretendía arrinconar a Sánchez y la Mesa ha estado esperando a que el presidente dijera si había que tramitarla o no. Ahora que Sánchez ha vuelto a ceder ante Puigdemont, se tramita», señaló el diputado de los populares, que evitó, al igual que Vox, anticipar el sentido de su voto en la PNL. El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, en cambio, avanzó lo previsible: que sus diputados votarán en contra.
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