Díaz mete presión a un PSOE titubeante sobre mantener o no que el salario mínimo pague IRPF

El mensaje del ala socialista del Gobierno sigue siendo el del martes, cuando, minutos antes de que Díaz compareciera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para informar de la subida del SMI –y según ella, sin haberla informado previamente de ello–, resolvió la incógnita que venía planeando semanas en torno a este asunto y comunicó que, en esta ocasión, el alza no iría acompañada de ninguna otra medida de carácter fiscal. Sin una elevación del mínimo exento de IRPF o un ajuste en las retenciones por rendimiento del trabajo, habrá parte de los perceptores del salario mínimo, en torno a un 20%, según Hacienda, a los que se aplicarán retenciones que podrían llegar hasta los 300 euros al año; lo que dejará su subida salarial en 400 euros en lugar de 700.

En La Moncloa sostienen que «la decisión está tomada». Y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, se manifestó ayer rotundo en Antena 3: «Hay una ley que establece los tramos del IRPF y el Gobierno no tiene voluntad de cambiar esa ley». El argumento de Hacienda es que con un salario anual de 16.576 euros anuales (14 pagas de 1.184 euros) no está justificado quedar exento de la obligación de tributar porque esa cantidad no puede considerarse ya un salario marginal o «de subsistencia» como los 10.303 euros al año (14 pagas de 735,9 euros) que se cobraban en 2018, antes de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno. Y que, además, es importante generar conciencia de la importancia de pagar impuestos.

López argumentó también que en los últimos años ya se ha hecho una importante rebaja fiscal a «las clases medias y trabajadoras» o «las rentas medias y bajas». En 2022 se amplió la actual reducción por rendimientos del trabajo de los 18.000 hasta los 21.000 euros y además el mínimo exento se ha subido ya en tres ocasiones desde 2020. «Por eso un trabajador que cobra 16.000 euros hoy paga menos de 60 euros, cuando antes pagaba 800 –insistió– ya se hizo la rebaja».

El problema es que los socialistas saben –y Díaz también– que en esta batalla es Sumar quien está en una posición de fuerza. No hay ni un solo grupo parlamentario que secunde la postura de Hacienda. El PP, Podemos, y el propio socio minoritario de la coalición gubernamental registraron ya el martes sendas proposiciones de ley para, con una fórmula u otra, revertir la situación. E incluso el sindicato hermano del PSOE, la UGT, envió ayer una carta a Montero en la que su secretario general, Pepe Álvarez, solicita una reunión «urgente» y califica de «esencial» que la progresividad del IRPF no penalice a las rentas salariales más bajas, especialmente a quienes perciben el SMI, que, dice, representan a los colectivos «más vulnerables» de la sociedad.

Son muchos en el PSOE, además, los que en privado se muestran convencidos de que no les quedará más remedio que acabar cediendo, aunque sea con una salida airosa que no implique una nueva subida del mínimo exento y, por tanto, tocar esos tramos a los que se refirió el ministro de Transformación Digital. Fuentes del diálogo social apuntan a algo más quirúrgico que no afectaría a todos los contribuyentes y tendría menor impacto en la recaudación, apenas 300 millones de euros; una deducción específica para los perceptores del SMI. Hacienda, sin embargo, no confirma que esa opción esté en la mesa.

En cualquier caso, las dudas del PSOE se aprecian en declaraciones como las de su secretaria de Política Económica, Enma López, quien, pese a alertar del riesgo de extender un discurso «antiimpuestos», abrió la puerta a una rectificación. «Creo que es importantísimo que hagamos esa pedagogía, porque en algún punto, no sé si ahora o en el futuro –concedió–, [el SMI] va a tener que tributar».

Con Montero aún fuera de juego desde la tarde del martes por una gripe repentina, la negociación entre los socios de la coalición gubernamental no se ha abierto todavía, según dejó caer Díaz. Pero la portavoz de su formación, Verónica Martínez Barbero, ya emplazo ayer formalmente a un encuentro entre Trabajo y Hacienda.