La exconsejera de Mazón achaca las 228 muertes a la falta de obras del Gobierno

La exdirigente autonómica –a quien Mazón destituyó en noviembre– precisa que lo acontecido es una tragedia de una magnitud colosal que no puede acotarse solo a las competencias de Protección Civil. Y añade tener claro que el «origen principal» de la catástrofe, que se cobró 228 víctimas mortales, «no fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores». «El Estado tiene igualmente competencias y de él dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos, como la Delegación del Gobierno, la Aemet y la Confederación del Júcar».

El recurso de Pradas coincidió con el día en que la catástrofe aterrizó en el Senado en forma de comisión con las comparecencias de dos expertos sin responsabilidad política. En concreto, Juan Bautista Marco Segura y Félix Francés García, dos catedráticos de Hidráulica que trataron de explicar qué falló el 29 de octubre y rechazaron que la presa de Forata estuviera en un «riesgo grave».

«Yo no estoy de acuerdo en que la presa de Forata estuviera en un riesgo grave. Es una presa de gravedad, una presa de hormigón, que no llegó siquiera a verter por coronación. No llegó ni al límite del aliviadero», indicó Segura antes de denunciar que sí hubo fallos de coordinación –algo que secundó el otro técnico–.

Hoy será el turno del arquitecto valenciano redactor del plan sur, Julio Gómez-Perreta de Mateo, y del ingeniero que participó en las obras del barranco del Poyo, Javier Machí. El PP, impulsor gracias a su mayoría absoluta en la Cámara alta de la comisión para esclarecer la peor tragedia en el país en un siglo, no ha puesto de momento fecha para que la comisión interrogue a responsables políticos. El partido de Alberto Núñez Feijóo tiene en sus manos la decisión de llamar o no al presidente valenciano, Carlos Mazón, al que incluye en la lista de comparecencias porque él mismo se ofreció a acudir.

Los populares también tienen en el listado al presidente del Gobierno y a varios ministros, al expresidente socialista valenciano Ximo Puig y la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana. Y a petición del PSOE, que votó a favor de crear la comisión, los populares aceptaron incluir a varios secretarios de Estado. A quien no se podrá escuchar será a la propia Pradas, la única responsable política imputada hasta el momento en el caso.

Aunque la exdirigente popular sí que tendrá que comparecer en la comisión constituida en las Cortes valencianas. Además de estas dos, hay una tercera comisión pendiente de constituir en el Congreso promovida por Sumar, ERC, Junts y Podemos y que cuenta también con el apoyo del PSOE.