El Gobierno se apoya en la UE para exigir al PP renovar el CGPJ sin reformar la ley

Bruselas lleva tiempo instando a España a acometer un cambio legal en la dirección apuntada por los populares –que, pese a haberla llevado en su programa tampoco llegó a implementarla bajo el mandato, por mayoría absoluta, de Mariano Rajoy–, pero también ha subrayado en múltiples ocasiones que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es prioritaria y, este lunes, tras entrevistarse con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones Internacionales, Félix Bolaños, Reynders fue especialmente vehemente. «Después de cinco años es más y más urgente», dijo.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, se aferró a esas palabras para afear a los populares que pongan condiciones al cumplimiento de algo que no es «optativo» sino una «obligación constitucional». «Primero renovación, cumplimiento de la Constitución, y después –convino– se podrá dialogar». Esa apelación a un diálogo futuro es, en todo caso, una mera patada al balón. Los socialistas siempre han rechazado de forma taxativa volver al sistema de nombramientos implantado en los primeros años de la democracia, hasta 1985, en el que los jueces elegían a los vocales de extracción judicial y el Congreso y el Senado a los juristas de reconocido prestigio.

Lo que sí llegaron a acordar ambos partidos en su última negociación fallida, hace un año, fue, además de los nombres de los veinte nuevos vocales y sus sustitutos, una reforma del Estatuto fiscal para que no puedan volver a producirse casos como el de Dolores Delgado – que pasó del ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado–, y otra del ley del poder judicial para acabar con las puertas giratorias entre la justicia y la política. Pero el pacto se rompió cuando ya estaba casi cerrado.

Alegría anunció este martes, como ya había adelantado el propio Sánchez, que el jefe del Ejecutivo tiene intención de llamar en breve a Feijóo para desatascar la situación. Los populares esgrimen, sin embargo, desconfían. Aducen que lo que persigue el PSOE es hacerse con el «control político» del Poder Judicial que ahora tiene mayoría conservadora. Y la decisión de conceder una amnistía a los encausados del 'procés' a cambio del apoyo de Junts y ERCa su investidura de su líder no ayuda a generar un clima de entendimiento.

Feijóo recordó, en una entrevista en la COPE, que el detonante de su última ruptura fue que el ministro Félix Bolaños, que ahora es «el notario mayor del reino», les «mintió de forma descarada» al negociar al mismo tiempo con los independentistas la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Al ser preguntado entonces si el PP rechazará como interlocutor al ministro de Justicia en esa negociación, se mostró ambiguo pero insistió en sus exigencias. «No sé quién va a poner de interlocutor Sánchez, pero yo creo que las cosas están claras. Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea», dijo. «La pelota de la renovación del Consejo lleva en el Gobierno desde hace un año», añadió.

El líder de la oposición abrió aun así una nueva posible vía para abordar la cuestión. Según dijo, el presidente del Senado, Pedro Rollán, impulsará en las próximas semanas la renovación de la vacante del Tribunal Constitucional pendiente que corresponde a la Cámara Alta, donde el PP tiene ahora mayoría absoluta. Se trata de la vacante que dejó en julio de 2022 el magistrado conservador Alfredo Montoya Melgar. Los conservadores están ahora en minoría en el tribunal de garantías y el PP aspira a que Montoya sea sustituido por otro magistrado de la misma tendencia. Para ello, sin embargo, es necesario el concurso del PSOEporque las designaciones precisan el apoyo de tres quintos de la Cámara. Que el procedimiento se ponga en marcha podría servir, pues, para iniciar un diálogo que afecte también al CGPJ.