La Fiscalía pide prisión a Kubati y otros cinco procesados por 120 'ongi etorris' a presos etarras

En su extenso escrito de 67 páginas, el fiscal Carlos García-Berro solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tres años y seis meses de prisión a los seis procesados por un delito de constitución y dirección de organización criminal y dos años y un mes de cárcel por un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento.

Además del mítico 'Kubati', quien tras su salida de prisión ha ejercido como portavoz del colectivo de presos de ETA, el EPPK y actúa como portavoz de la iniciativa 'Kalera, kalera', el Ministerio Público también pide que se condene a Oihana Garmendia, Haymar Altuna (dirigente de Sortu en Guipúzcoa, la formación de la izquierda abertzale integrada en la coalición EH Bildu ), Oihana San Vicente (dirigente de Sortu en Álava), Carlos Saez de Egilaz y Felipe San Epifanio.

El fiscal asegura que "entre los años 2016 y 2020 la denominada dinámica Kalera Kalera, dirigida por los acusados, se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática 'ongi etorris' y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España o de su fallecimiento". Unos recibimientos que produjeron en las víctimas "un proceso de revictimización prolongado de forma humillante".

La instrucción llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción número seis recibió un informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) sobre la incidencia psicológica de estos actos en los afectados, a quienes además de provocar un sentimiento generalizado de humillación "tiene un efecto negativo, con mayor o menor intensidad, en su proceso de recuperación".

El propio Parlamento Vasco aprobó una moción en un pleno en octubre de 2019 en el que rechazó estos recibimientos e instó a sus organizadores a que dejaran de hacerlo "por sensibilidad a las víctimas, respeto a la memoria crítica del pasado y evitar que se convierta en un elemento de división para la construcción de una convivencia democrática".

La Guardia Civil considera en los informes remitidos al juzgado que los procesados han dirigido y coordinado todos los homenajes "en primera persona" y que se valieron de diversas asociaciones para "ocultar el verdadero núcleo organizador". Estas asociaciones habrían sido utilizadas "a modo de pantallas para encubrir a los promotores genuinos". La materialización de los homenajes eran llevados a cabo por terceras personas pero siempre, según la unidad investigadora, "siguiendo las directrices" de los seis presuntos responsables.

Por su parte, el fiscal García-Berro destaca en su escrito de acusación provisional que los actos de homenaje "se realizaron a través de normas estrictas tanto en lo referente a qué presos se rendía tributo como a lo concerniente a cómo se debía realizar el recibimiento".

Sobre los primeros, señala, solo se beneficiaron aquellos que se habían mantenido dentro de la disciplina del colectivo de presos, mientras que no se realizaron 'ongi etorris' a aquellos reclusos que se acogieron a la Vía Nanclares para partidarios de la reinserción y el perdón o aquellos que abandonaron las directrices del colectivo de presos EPPK por ser contrario al abandono de la lucha armada de ETA.