El Gobierno busca al PP para un «pacto de país» entre nuevas tensiones con Podemos

No será de hoy para mañana. El Gobierno se da dos semanas, hasta el 29 de este mes, para alcanzar un «gran pacto de país» que permita hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y diez días, hasta el Consejo Europeo de los días 24 y 25, para convencer a los aliados de la UE de que ha llegado el momento de hacer lo que hasta hace semanas rechazaban: una intervención en el mercado energético para impedir que el precio del gas, disparado, condicione el de la electricidad. En el Ejecutivo creen que ahora es posible conseguir una cosa y la otra, a pesar de las reticencias de algunos países europeos y de las palpables tensiones que el nuevo escenario ha desatado no ya solo con la oposición sino entre los propios socios de la coalición.

«Efectivamente, creemos que esta vez el acuerdo se va a dar, la situación es tan inédita, histórica, que no estar sería, precisamente, un error histórico», afirmó este martes, en concreto sobre el PP, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en su habitual comparecencia tras el Consejo de Ministros. Apenas unas horas antes, Alberto Núñez Feijóo había reprochado al Ejecutivo que demore la aprobación de rebajas fiscales y Unidas Podemos –esta vez toda Unidas Podemos, sin distinciones– había hecho saber su disconformidad con la decisión, anunciada la víspera por Pedro Sánchez, de aumentar el presupuesto de Defensa para acercarse de progresivamente al 2% del PIB reclamado por la OTAN.

A diferencia de lo que ocurrió con el envío de armas a Ucrania –que fracturó al espacio confederal a la izquierda del PSOE– esta nueva rectificación del jefe del Ejecutivo no cuenta tan siquiera con el respaldo de la vicepresidenta Yolanda Díaz y así se preocuparon este martes de transmitirlo desde su entorno.

En la Moncloa, sin embargo, restan importancia al asunto. Entre otras cosas porque ni siquiera hay intención de materializar el compromiso en breve. La discusión llegará, en todo caso, cuando se elaboren los próximos Presupuestos Generales del Estado y para entonces nadie se atreve a vaticinar cuál será el contexto. Pero, además, a pesar de que 2024 es el horizonte fijado por la Alianza Atlántica para cumplir la meta, el Ejecutivo se cuida mucho de hablar de fechas.

Distintas son las tensiones derivadas de las eventuales recetas frente a la galopante inflación, acrecentada por el conflicto iniciado por Vladimir Putin. Podemos no rechaza que se bajen impuestos, pero reclama una reforma fiscal ambiciosa que obligue a pagar más a las grandes fortunas y a las grandes empresas, un cheque de 300 euros para ayudar a las familias a pagar el recibo de la luz y un aumento del Ingreso Mínimo Vital del 18%.

Algunas voces en las filas del socio minoritario de la coalición temen que Sánchez se escore, con la excusa de la guerra, hacia planteamientos más conservadores en busca de la centralidad. Y no están solas. «Sánchez gana primarias haciéndose el más izquierdista pero luego gobierna con pulsiones de derechas», advirtió este martes el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.

La portavoz del Gobierno replicó que se escuchará lo que tengan que decir todos los partidos, pero no ocultó la importancia que los socialistas conceden al acuerdo con el PP, con el que este miércoles mismo las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, iniciarán la ronda de conversaciones para acordar el contenido del plan nacional frente a la guerra. «La fórmula es unidad y contundencia frente a Putin porque lo que está siendo atacado es nuestro modo de vida en Europa», adujo.

En el ámbito interno, el próximo lunes 21 se celebrará también una conferencia sectorial con las autonomías para concretar algunas de las medidas planteadas en la Conferencia de Presidentes del domingo en La Palma, entre ellas, la acogida de refugiados. En todo caso, Rodríguez insistió en lo que ya había apuntado la víspera el propio Sánchez: que a lo que más importancia concede el Gobierno es a lo que se pacte en el Consejo Europeo, en el que, además del desacople de gas y luz, España defenderá topar el precio de la electricidad y la recuperación del proyecto de interconexión para el gas en los Pirineos a la que tan reticente se muestra Francia. Por eso, dijo, no se aprobará nada antes del 29.

El presidente del Gobierno tiene ya cerradas ocho entrevistas para los próximos días con los líderes de países como Croacia, Eslovaquia, Rumanía, Portugal, Grecia, Alemania e Irlanda en su ofensiva diplomática para lograr lo que España lleva pidiendo meses y no ha conseguido hasta ahora. Pero si sus demandas no son atendidas, el Gobierno está dispuesto a limitar por su cuenta los precios de la energía.

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