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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó este miércoles desde Davos (Suiza) que se tenga en cuenta la «cohesión territorial» a la hora de analizar la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. En Bloomberg TV, pidió además «esperar» a que se pronuncien las autoridades ... de la competencia. El Gobierno ya se opuso en verano, antes de las elecciones catalanas, al anuncio de compra por parte del BBVA y podría tener que tomar una decisión próximamente. Según Sánchez, hay que «considerar diferentes aspectos», como el gran número de pymes que tiene España, que representan casi el 90% del tejido productivo, así como la «cohesión social y territorial» en lo que al ámbito financiero respecta. «Lo que quiero ver es un sistema financiero fuerte en España», remató.
Mientras, desde el Gobierno central mostraron su respeto por la decisión del Banco Sabadellde volver a fijar su sede en Cataluña, tras siete años en Alicante, adonde se trasladó como consecuencia del 'procés', igual que miles de empresas catalanas. El Ejecutivo central se colgó medallas y enmarcó la operación en el proceso de normalización política de Cataluña. «Han desaparecido las condiciones que provocaron su salida», aseguró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Onda Cero. «Es una «señal más de normalidad», afirmó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en TVE.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se felicitó por la vuelta del banco vallesano. «Confirma que vamos por el buen camino». Illa mantuvo un breve encuentro con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ambos presentes en Fitur, en Madrid. Mazón calificó de «mala decisión» el regreso del Sabadell y lo situó en un contexto de debilidad de la entidad por la OPA. El ministro de Economía, en cambio, dijo que el retorno del banco catalán no tiene nada que ver con la OPA que le lanzó el BBVA. No hay «ningún elemento» que a su juicio tenga relación con la oferta de compra, sino que es de «sentido común» del «proceso de normalización política», insistió.
Hace tiempo que el Gobierno defiende que en Cataluña se ha abierto una nueva etapa, tras los años convulsos del 'procés', que puso en riesgo la convivencia social y provocó una fuga de miles de sedes sociales. El Gobierno defiende que su apuesta por el diálogo con el independentismo, que propició los indultos a los líderes secesionistas y la ley de amnistía, ha permitido pacificar la situación política en Cataluña, poner fin a la mayoría independentista en el Parlament e investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En el acuerdo de Bruselas, suscrito por el PSOE y Junts para investir a Sánchez, una de las condiciones hablaba de impulsar un plan para facilitar el regreso de las empresas catalanas. La patronal Foment aseguró que tras el Sabadell habrá más.
La defensa del fin del conflicto que hace el Gobierno, no obstante, molesta a los independentistas. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó la decisión de la entidad vallesana de «anecdótica» y criticó al Ejecutivo por querer «vender» una «supuesta normalidad».
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