Gobierno y PP sí logran pactar las designaciones del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros designó este martes a cuatro nuevos consejeros del principal órgano asesor del Ejecutivo, dos del PSOE y dos del PP -Elena Valenciano, Javier Losada, Juan Carlos Aparicio y Pedro Sanz- y ratificó a otros seis, que incluyen a la exvicepresidenta y el exministro populares Soraya Sáenz de Santamaría y José María Michavila. Fuentes del Gobierno subrayan que no había obligación alguna de plantear al primer partido de la oposición que hiciera una propuesta. «Pero somos gente con sentido de Estado», alegan. En la misma comparecencia en la que dio cuenta de estos nombramientos, la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, acusó a Alberto Núñez Feijóo precisamente de todo lo contrario. «Desearíamos contar con una oposición leal. Pero no la tenemos. Tenemos una oposición que chantajea a la democracia y tiene como rehén al CGPJ», dijo.

Aparicio, exministro de Trabajo bajo el mandato de José María Aznar, sustituye a Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, ministro de UCD. Sanz, expresidente de La Rioja, ocupa una vacante destinada a gobernantes autonómicos, que por parte socialista ocupa Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Las conversaciones para su designación fueron llevadas a cabo entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la número dos del PP, Cuca Gamarra.

En otra clave, el nombramiento de Valenciano es también significativo. La que fuera vicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy presidenta de la Fundación Mujeres, se situó en la batalla que dividió al partido en 2016 entre los críticos con Pedro Sánchez. El presidente ha ido restituyendo a exdirigentes de los que se distanció en aquella etapa a lo largo de los últimos años (sus actuales director y director adjunto de gabinete, Óscar López y Antonio Hernando; la ministra de Educación y portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, o la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez).

Valenciano sustituye a una figura clave del feminismo: Amelia Valcárcel. La histórica referente socialista se ha distanciado de algunos de los planteamientos defendidos por el Gobierno, especialmente de la 'ley trans', que ha llegado a calificar de «monstruosidad». Incluso ha participado en algún acto organizado por el PP en su contra. Losada ocupará el puesto del expresidente del Senado Juan José Laborda, también alejado del Ejecutivo.

En sus puestos de consejeros (sin sueldo pero con dietas por asistencia a los plenos que pueden alcanzar un máximo de 974,16 euros mensuales) repiten la expresidenta del Constitucional, María Emilia Casas; la exmagistrada progresista Elisa Pérez y el ex secretario general de Iniciativa per Catalunya Jordi Guillot.

La renovación del Consejo de Estado contrasta con la anomalía que vive el Consejo General del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años y tres meses pendientes de renovación por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Esta situación provocó la dimisión del presidente Carlos Lesmes en octubre pasado. Sin embargo, su decisión no tuvo ningún efecto práctico. Como tampoco lo tendrá el movimiento impulsado por un vocal del ala progresista en busca de una renuncia en bloque para paralizar la actividad de la institución.

Esta medida de choque partió del consejero Álvaro Cuesta, exdiputado socialista. El también abogado reunió este martes a sus seis compañeros del ala progresista para tantear su posición respecto a esta salida mancomunada. Sin embargo, y como era previsible, no hubo consenso. Ello pese a que otra vocal de este sector, Concepción Sáez, mantiene firme su renuncia a la espera de que el pleno la estudie en su reunión de mañana. La idea inicial era que siete vocales -los designados a propuesta del PSOE y Enrique Lucas, nominado por el PNV pero que se ha alineado otras veces con este bloque- se sumaran a Sáez para poner en peligro el quorum del Pleno, formado en la actualidad por 18 miembros y que requiere al menos 11 votos para aprobar sus propuestas.

Pero este plan se ha ido desmoronando por la negativa de Lucas y las crecientes dudas de que la partida de estos vocales pueda afectar al funcionamiento del CGPJ, ya que seguiría activa la comisión permanente para resolver los asuntos ordinarios. Además, el presidente Sánchez sentenció el pasado viernes que no habrá renovación hasta después de las elecciones por el «irresponsable» bloqueo del PP.