El Gobierno rechaza el 'concierto catalán' pero no disipa los recelos del PP

El encuentro de este lunes no estaba en realidad previsto para abordar este asunto sino para que el Gobierno informara a las autonomías, como cada año por estas fechas, de cuáles son los recursos con los que pueden contar para el año próximo y de los objetivos de deuda y déficit tendrán que cumplir. No hubo, en esta materia, malas noticias para nadie, aunque muchos reprocharon la falta de desglose de los anticipos a cuenta. Las comunidades recibirán en 2025 más recursos que nunca del sistema de financiación, 147.412 millones de euros, que suponen un 9,5% más que este año, y dispondrán de mayor margen de gasto al pasar de tener que alcanzar un superávit del 0,1% a permitirse un déficit de una décima.

Pero el asunto de mayor tensión política no era ese. El PP, en el Gobierno en once de las quince comunidades autónomas del régimen general (sin contar Ceuta y Melilla), había solicitado incluir en el orden del día el debate sobre la financiación y la presencia de la consejera catalana de Economía y Hacienda en funciones, Natalia Mas, que esta vez optó por acudir a la cita para exponer al resto de territorios su planteamiento y darle mayor visibilidad, hizo que las demandas de los independentistas centraran parte de la reunión. Aunque, como se encargó de subrayar Montero, no toda.

La ministra y vicepresidenta primera del Gobierno explicó que Mas fue una de las últimas consejeras en hablar y que, aunque la mayoría de los que le precedieron hicieron alusiones críticas a lo que asumían que esta iba a plantear, también expusieron sus propias demandas para la reforma de un modelo pendiente de revisión desde 2014. Lo cierto es que sigue sin haber el más mínimo viso de entendimiento que permita alumbrar un nuevo sistema y la situación genera suspicacias en múltiples direcciones.

La consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, aseguró salir «triste y preocupada» del encuentro porque, entre otras cosas, no hay avances respecto a la demanda –compartida por la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia– de que se cree un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas en tanto se reforma el modelo. «Nos tememos que este Gobierno sólo tiene voluntad política para solucionar el problema con Cataluña», adujo.

Montero insistió, en una rueda de prensa posterior, en una tesis que lleva meses machacando, que la reforma solo será posible si son el PSOE y el PP («aquellos que queremos velar por el interés general», dijo) los que se sientan a hablar con discreción y serenidad, y no los gobiernos autonómicos, atados al interés particular de sus regiones. «No va a haber grandes diferencias entre lo que planteemos uno y otro porque, además, hay alternancia y los dos tendremos que aplicar el sistema», defendió. De momento, sin embargo, el líder de los populares rechaza esa opción y sus comunidades también.

En lo que respecta a Cataluña, la vicepresidenta afirmó que no existe ninguna negociación bilateral y que la investidura de Illa se dirime entre el PSC y ERC. Sí dejó claro, en todo caso, que así como rechaza un régimen de concierto, el Ejecutivo no se opone a la creación de un consorcio paritario entre la Agencia Tributaria Estatal y la catalana encargado de recaudar todos los impuestos. «Los estatutos – dijo tras recordar que esa es una previsión del texto aprobado en 2006, avalada después por la sentencia del Constitucional de 2010– son leyes orgánicas de obligado cumplimiento. Entiendo que nadie puede negarse al desarrollo de una ley».

El consorcio no es lo que exige Esquerra, pero aun así la consejera Mas abandonó Madrid relativamente optimista y aseguró que el Gobierno respalda «algunos puntos» de su propuesta.