La inédita imputación del fiscal general por revelación vira a una investigación sobre destrucción de pruebas

Casi doce meses después de que la Agencia Tributaria, tras un año y medio de investigación, remitiera el expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió una causa el pasado 23 de enero de 2024, la pareja de la presidenta de Madrid -a pesar de seguir acusado de esos dos supuestos delitos de los ejercicios de 2020 y 2021- es el acusador y el máximo responsable de la acusación pública del Estado es el acusado.

Y no solo. Álvaro García Ortiz, además de estar encausado por revelación de secretos, está desde hace unos días bajo investigación por haber supuestamente destruido pruebas cuando ya sabía que estaba encartado en un proceso penal. Un segundo frente para el fiscal general en el que Alberto González Amador, la pareja de la lideresa de Madrid, también se ha arrogado el papel de acusador.

En el Supremo, aseguran las fuentes consultadas, «no van dejar pasar sin más» la constatación de que en el móvil de García Ortiz había «cero mensajes» entre el 8 y 14 de marzo, fechas de la filtración de los datos confidenciales de González Amador. Sobre todo, porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene la constatación -a través del análisis del terminal de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien no manipuló su móvil- de que el fiscal general intercambió en esas fechas y horas bajo sospecha mensajes sobre proceso al novio de Ayuso con la propia Rodríguez.

García Ortiz -ha constatado igulamente la UCO- también tuvo acceso a la cadena de mails confidenciales entre fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de la pareja de la presidenta, dos horas antes de que la existencia de esos correos fuera revelada por la Cadena Ser a las 23:51 horas del 13 de marzo o publicados en su integridad por El Plural el día siguiente a las 9:06 horas.

Con estos indicios -que como dijo la UCO demuestran la «participación preeminente» de Álvaro García en este caso- y tras constatar el borrado de su terminal, el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, ya ha abierto formalmente una investigación sobre la supuesta destrucción de pruebas. Así, el lunes el magistrado ordenó a la UCO que aclare, si tal y como sospecha el Supremo, García Ortiz, no solo borró los datos de su móvil, sino que cambió la tarjeta SIM e, incluso, de terminal. El imputado exclusivamente habría mantenido el número de su teléfono. Nada más. Este jueves, el magistrado, con la idea de intentar recuperar alguno de esos mensajes, citó para enero a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a fin de que facilite el volcado de su móvil en el que se guardan aún whatsapps que intercambió con García Ortiz.

Hurtado, según fuentes del caso, en breve va a seguir ordenando diligencias encaminadas sobre todo a averiguar cuándo García Ortiz formateó su móvil; si el borrado de datos «total» por motivos de seguridad -como arguye la Fiscalía General- se ha aplicado otras veces al fiscal general o a otros miembros de la cúpula fiscal y con qué periodicidad; quién lo realizó físicamente el borrado; y si el terminal que usaba el pasado marzo el fiscal general fue destruido.

En esencia, un año después de que Hacienda pusiera contra las cuerdas a González Amador, la más alta instancia judicial del país ha abierto en los últimos días una nueva investigación contra la más alta personalidad del Ministerio Público -ya imputada por revelación de datos- ahora por supuestamente usar métodos comunes de las organizaciones criminales para la destrucción de pruebas.

Y todo ello en un proceso en el que el novio de Ayuso es acusación particular y en el que se está volcando durante la última semana para promover la investigación por las presuntas maniobras para borrar indicios de ese soplo. De hecho, González Amador ha reclamado a Hurtado que pida a las compañías telefónicas para que «conserven los datos generados» de los móviles de diferentes implicados en este caso, además de solicitar a Meta -propietaria de WhatsApp- la copia de «todas las conversaciones y archivos» generados por el fiscal general desde el 7 de marzo así como «información sobre el posible borrado de conversaciones».