La justicia se inclina por dar carpetazo a la primera querella contra el juez del 'caso Gómez'

En esa querella registrada en mayo -y por tanto anterior a las que luego presentaron contra Peinado la propia Gómez y Pedro Sánchez (a través de la Abogacía del Estado)- se acusaba al instructor de un presunto delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y otro delito de revelación de secretos de particular por funcionario público. El denunciante daba a entender que había sido el juez quien había filtrado un auto de este procedimiento (entonces secreto en su totalidad) a uno de los abogados de la causa, que luego éste publicó en redes sociales.

Pradera también denunció entonces al jefe de prensa del TSJM simplemente por confirmar oficialmente a los medios de comunicación que Peinado, efectivamente, había abierto unas diligencias previas en abril contra la esposa de Pedro Sánchez tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.

Todas las fuentes consultadas apuntan a que los magistrados van a hacer suya la tesis del Ministerio Público de que no hay pruebas ni siquiera para investigar al juez y que, en todo caso, solo cabría actuar contra el letrado de la acusación que aireó públicamente un documento de las diligencias secretas.

Por ahora, el TSJM no tiene fecha para decidir si admite a trámite las otras dos querellas contra Peinado, las de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Nadie se atreve a vaticinar si el tribunal las archivará con la presteza con la que lo va a hacer con la de Máximo Pradera, porque las querellas del matrimonio son bastante más sólidas.

Por lo pronto, la Fiscalía sí que ha apoyado ya la primera demanda, la de Sánchez a principios de julio, pidiendo la inhabilitación del titular del Juzgado de Instrucción 41. Aquella demanda fue por prevaricación simple (no continuada), por un hecho concreto: impedir al presidente declarar por escrito como testigo en este caso, tal y como le permitiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de la querella de Gómez, la Fiscalía de Madrid ha pedido al juez Juan Carlos Peinado una copia «íntegra» de todas sus actuaciones para decidir si avala o no esa demanda que es por supuesta prevaricación judicial continuada del instructor. A la espera de que recibir esa información, el Ministerio Público sí que descarta apoyar a Gómez en las otras dos acusaciones contra el magistrado, que son idénticas a las de la querella de Máximo Pradera: revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.